El Gobierno asume que un mayor gasto en defensa dificulta aprobar los presupuestos
ESPAÑA
El compromiso de Sánchez con la OTAN aleja a Podemos de un acuerdo
02 jul 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Todavía con la resaca de la cumbre de la OTAN de Madrid, el Gobierno volvió ayer a pisar el suelo de la política doméstica. Superada con éxito la cita internacional, en la Moncloa vislumbran que las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2023, el siguiente gran hito de la legislatura, «serán duras». El borrador ya está sobre la mesa, pero al mal momento en la relación con Esquerra se ha sumado otro obstáculo: el compromiso alcanzado por Pedro Sánchez de elevar al 2 % del PIB el gasto militar para el 2029. Una promesa que ha disgustado a Unidas Podemos, que amenaza con no apoyar a su socio si la cuestión se incluye en las cuentas.
Pese a su antimilitarismo fundacional, los morados insinúan que podrían hacer la vista gorda con el aumento del presupuesto en defensa si este queda fuera de los presupuestos. Un canje que incluiría otras medidas sociales que las confluencias vienen reclamando a Sánchez, que incluiría elevar el impuesto a las empresas eléctricas. Todo ello mientras mantienen la oposición al aumento de destructores estadounidenses en la base naval de Rota, que deberá pasar por el Congreso, con la oposición de Podemos, IU y En Comú. Formaciones que creen que ese movimiento puede convertirse en la «foto de Colón» de Sánchez.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelantó ayer que la intención es que estas cuentas se conviertan en «el primer paso para contemplar el objetivo de llegar al 2 % en defensa en el 2029». Como en otras disputas con el socio minoritario, relativizó las discrepancias e indicó que «la negociación siempre es compleja, no solo con los socios de gobierno, sino con todos los grupos políticos que tienen que apoyar un presupuesto». Pero si quiere repetir el éxito de los años 2021 y 2022, además de intentar lograr el apoyo de los morados, todo deberá pasar por reconducir la relación con el llamado bloque de la investidura: PNV, EH Bildu y, en especial, Esquerra. Hasta ahora, el Gobierno no lo había tenido tan difícil.
Los republicanos ya advirtieron de que «no habrá nuevos acuerdos» presupuestarios si PSOE y Podemos no cumplen con los compromisos, como el regreso a la mesa de diálogo. «Cuando nos vengan a buscar para negociar los presupuestos diremos que ahora no porque es la Diada, el debate de política general o el aniversario del 1-O», ironizó la portavoz del partido, Marta Vilalta, para evidenciar el hartazgo de los suyos.
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, no se cierra a esta cuestión. Tampoco al aumento del gasto militar, aunque ya avisó de que el Gobierno deberá hacerlo «con sentido».
Un nuevo consenso
Mientras, la ministra de Hacienda se sigue mostrando convencida de que repetirá el consenso alcanzado en las cuentas del 2021 y 2022 y apeló a «compatibilizar los derechos sociales, las pensiones, la sanidad, la educación, la vivienda, la inversión» con ese nuevo añadido de la apuesta por la seguridad, convencida de que «España cumple con el conjunto de los socios» para invocar la aspiración de que esa inversión en defensa sea «disuasoria» de cualquier intento que afecte a la integridad territorial de España.
El único que se ha desmarcado de la negativa de los morados a la subida del gasto militar ha sido el ministro de Universidades, Joan Subirats, de En Comú Podem. Ve «justificado» este incremento por la amenaza de la guerra en Ucrania. «La idea de que la defensa de Europa y los valores occidentales estaba en manos de los Estados Unidos y los países europeos podíamos mantenernos tranquilos sin preocuparnos ha quedado bastante desmontada», afirmó en La 2. Y aclaró que en el referendo de 1986 de entrada en la OTAN votó en contra, pero ahora tendría que volver a pensarlo.
Un centenar de industrias de aeronáutica y del espacio esperan que suban las inversiones en el 2023
m. balín
La patronal que agrupa a cerca de un centenar de empresas de defensa, aeronáutica y del espacio se mostró ayer «muy optimista» tras el anuncio realizado por Pedro Sánchez sobre el aumento del gasto público en el sector. Desde la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) consideran un buen punto de partida que España se marque el horizonte del 2029 para el incremento de la inversión hasta alcanzar el 2 % del PIB: unos 24.000 millones de euros frente a la mitad de la actualidad. Se trata de un objetivo aprobado por la OTAN el pasado jueves, al que se ha comprometido el presidente del Gobierno, comenta el responsable de la organización sectorial, Ricardo Martí Fluxá. Por este motivo, el que fuera secretario de Estado de Seguridad con Aznar espera que el próximo anuncio que haga sea concretar el incremento de la partida para el presupuesto del 2023.
Antes de la cumbre de la OTAN en Madrid, Martí Fluxá declaró que esperaba que Sánchez avanzase un aumento de entre «2.000 y 3.000 millones» para el siguiente ejercicio, lo que supondría una fuerte subida de un 20 % en las cuentas del Ministerio de Defensa. Aunque este anuncio no se produjo, el responsable de TEDAE confía en la palabra de Sánchez. «Valoramos más la voluntad firme que ha asumido de aumentar la inversión en la industria de defensa que el anuncio que haga de las cantidades», afirma el también diplomático y expresidente de ITP Aero, una compañía referente en motores aeronáuticos e industriales.
El coronel retirado Manuel Morato estuvo en la división de asuntos políticos del cuartel general de la OTAN. Al igual que su colega de TEDAE, considera que la cumbre es una «oportunidad de oro» para las empresas españolas. «Pero tenemos que tener claro dónde queremos dirigir nuestro esfuerzo», sostiene. «Soy partidario de que sean las Fuerzas Armadas las que lideren este proceso. Que nos digan dónde se puede ser más eficiente y tratar de conseguir la soberanía estratégica», explica el presidente de IDAPS, un instituto de análisis de la seguridad y defensa.
Morato lo tiene claro y propone la creación de una subcomisión en el Congreso para poner orden a este proceso inversor.