Menu La Voz de Galicia Inicia sesión Mi cuenta Suscríbete por 1€ Cerrar El retraso en la ley del catalán deja a los jueces la aplicación del 25 % La Voz REDACCIÓN / LA VOZ ESPAÑA El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante una intervención en el Parlamento autonómico Andreu Dalmau | EFE Ciudadanos y el PP anuncian que recurrirán la nueva norma ante el Constitucional 27 may 2022 . Actualizado a las 17:05 h. Whatsapp Mail Facebook Twitter Comentar · El pleno que iba a celebrar este viernes el Parlamento catalán para aprobar la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria ha sido aplazado a la espera del dictamen solicitado por PP, Vox y Cs al Consejo de Garantías Estatutarias. La petición de este dictamen puede desbaratar los planes de PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem, que el pasado martes alcanzaron un acuerdo para impulsar una nueva ley que prevé reafirmar el catalán como «lengua vehicular» en las escuelas y, a la vez, reconoce el castellano como lengua de «uso curricular», sin establecer porcentajes y dejando la decisión final a los centros educativos, informa Efe. El acuerdo llegó justo una semana antes de que expire el plazo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que fijó el 31 de mayo como fecha límite para la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a las escuelas a ofrecer como mínimo el 25 % de clases en castellano. Sin embargo, no está claro que el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias —órgano de carácter consultivo— llegue a tiempo para que el Parlamento autonómico pueda aprobar la nueva ley antes de que expire el plazo el próximo martes. El pacto alcanzado por socialistas y comunes con las dos fuerzas separatistas que integran el Gobierno de coalición catalán pretendía aprobar el nuevo decreto de forma urgente, en lectura única, para anticiparse a la fecha límite del 31 de mayo y evitar así el cumplimiento de la sentencia, pero este retraso en su tramitación deja ahora en manos del propio Tribunal Superior de Cataluña la aplicación de la cuota mínima del 25 % de castellano en las aulas. Los magistrados del TSJC exigieron que a partir del 1 de junio se ejecute su resolución, que fue ratificada por el Supremo y ya no admite recurso sobre el fondo de la cuestión. Control del ministerioDe hecho, el Ministerio de Educación ha pedido a la Generalitat que a partir del 1 de junio informe sobre el cumplimiento del 25 % del castellano en las aulas catalanas. Así lo confirmó este viernes la ministra Pilar Alegría en una entrevista en TVE recogida por Europa Press en la que reiteró o que «lo que manda la Justicia es de obligado cumplimiento». «El propio fallo que nos ha traslado el TSJC ha pedido que, a través de la Alta Inspección, se verifique el cumplimiento y, en el orden de nuestras competencias, nos hemos dirigido ya a la Generalitat para solicitarles la información», respondió la ministra a la pregunta sobre la posibilidad de que los inspectores del ministerio se personen en los centros educativos a partir del próximo miércoles para comprobar la ejecución de la resolución judicial. Recurso al ConstitucionalPor su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas anunció este viernes que su formación lidera un frente para frenar el acuerdo del PSC con los independentistas y los comunes «que pretende eliminar el español de las aulas en Cataluña». En un comunicado, los dirigentes de Cs señalan que ya han hablado con el PP para que, cuando finalmente se apruebe la ley, ir juntos al Tribunal Constitucional y recurrirla. Arrimadas añadió que desde Ciudadanos denunciarán al consejero de Educación por desobediencia «y a todos los que tengan la responsabilidad de aplicar» una norma diseñada para sortear la sentencia del TSJC. Archivado en: PSC ERC Whatsapp Mail Facebook Twitter Comentar ·