En concreto, los servicios jurídicos del Estado argumentaron, en un escrito de 18 páginas, que los hechos acreditados en el marco de la investigación «no son constitutivos de delito alguno». «Procede, por lo tanto, que no se alargue innecesariamente una instrucción respecto de mis investigados, por las afecciones y consecuencias desfavorables que para ellos supone», señalaron. Ello, subrayado, «sin perjuicio de la eventual continuación o mantenimiento de las actuaciones en relación a otros investigados en cuanto al posible delito de falsedad».
