Por todo ello, López fue presuntamente coaccionado por sus superiores para detener las pesquisas, tal y como recoge la querella interpuesta en septiembre del 2018 y ampliada en marzo del 2020, que ordenó investigar la Audiencia de Madrid tras el rechazo inicial de la jueza Bustos.
A custodiar calabozos
El asunto no se quedó ahí, ya que el grupo investigador fue apartado tras el cambio de magistrado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, donde se sigue el caso Nicolás. Incluso la hoy titular, Pilar Martínez Gamo, los llegó a imputar en el 2017 por retardo malicioso. Tras esta decisión, el inspector pasó a custodiar calabozos. Pese al mandamiento de la Audiencia Nacional, la jueza Bustos ha restringido los interrogatorios a los denunciados, no ha dejado preguntar por cuestiones de otras causas que se solapan y ha rechazado incorporar elementos de prueba tan relevantes como las agendas intervenidas a Villarejo. Las mismas que confirmarían los nuevos audios sobre Esperanza Aguirre y María Dolores de Cospedal. Estas anotaciones reflejan los seguimientos que se hicieron al grupo de López e, incluso, al primer juez del caso Nicolás, Arturo Zamarriego, con un objetivo: torpedear las pesquisas y buscar el archivo para proteger a Villarejo.
