Nunca antes ningún diputado había sido denunciado por supuestamente airear esos secretos oficiales de la denominada «Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados» por los que los antecedentes hay que buscarlos fuera de este ámbito. Pero los casos más cercanos encontrados en los archivos judiciales no son demasiados comparables. Sí hay un antecedente de un civil que intentó divulgar información oficialmente «clasificada» por el Estado. Fue el exagente del CNI Roberto Flórez. Pero Flórez fue condenado en el 2020 a doce años por un delito de traición (única vez en democracia) porque su intención sí que era facilitar la información a un país extranjero, Rusia, y por tanto se trataba de un intento de espionaje de máxima gravedad.
Otro caso cercano, pero no comparable porque el protagonista fue un militar y no tuvo ninguna trascendencia, fue el de un capitán de infantería al que el Tribunal Militar Territorial Primero condenó en el 2016 a 18 meses de cárcel por guardar en sus dependencias del cuartel de Herat, en Afganistán, información «secreta» de la OTAN a pesar de que sus superiores se lo habían prohibido. El capitán fue condenado conforme al artículo 26 del Código Penal Militar, el equivalente al 598 del Código Penal para civiles, pero que es más severo.
