La Fiscalía, sobre los ERE de Andalucía: «Todos eran conscientes de lo que sucedía»

La Voz AGENCIAS

ESPAÑA

Sala del Tribunal Supremo donde se celebra la vista para revisar el caso de los ERE de Andalucía
Sala del Tribunal Supremo donde se celebra la vista para revisar el caso de los ERE de Andalucía MARISCAL | EFE

El Ministerio Público subraya ante el Tribunal Supremo que «ni uno solo de los 270 expedientes cumplía ni uno solo de los requisitos»

05 may 2022 . Actualizado a las 17:09 h.

La Fiscalía pidió este jueves al Tribunal Supremo que confirme las condenas impuestas a casi una veintena de ex altos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves, al ratificar las irregularidades cometidas en el procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales que recoge la sentencia del denominado caso ERE. A juicio de la Fiscalía, queda probado que «se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control» y, además, «son patentes las ilegalidades» cometidas, por lo que insistió en que «todos eludieron sus responsabilidades» y «eran conscientes de que la partida no era adecuada».

Así se pronunció el fiscal Fernando Prieto ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, que celebró este jueves la segunda sesión de la vista pública de los recursos interpuestos contra la sentencia de los ERE que dictó la Audiencia Provincial de Sevilla, por la que se condenó a ex altos cargos de la Junta de Andalucía por delitos de prevaricación y malversación.

Después de que el miércoles las defensas pidieran al tribunal modificar la sentencia y absolver a los condenados, el fiscal explicó este jueves que en el año 2000 se produjo un cambio en los presupuestos que, a su juicio, «no tiene ningún tipo de justificación».

«No hay ningún tipo de norma que admita la utilización de la partida de financiación para el pago de subvenciones. Está expresamente prohibido», apuntó, para luego subrayar que en el 2010 se volvió al sistema anterior. Para el fiscal, la «única explicación» es que «se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control». Además, Prieto defendió que «la Consejería de Empleo contaba con crédito suficiente para abonar las ayudas», por lo que considera que «no era necesaria una modificación presupuestaria».

Sin cumplir los requisitos

Además, el Ministerio Público aseguró que las ayudas concedidas por la Junta no cumplieron con los requisitos previstos: ni relación de beneficiarios, ni justificación de la finalidad pública, ni acreditación de cumplimiento de dichas finalidades. «Ni uno solo de los 270 expedientes que obran en la causa cumplieron ni uno solo de los requisitos. No existió ni siquiera procedimiento ni expediente», insistió Prieto ante el tribunal.

Así, el Ministerio Público recordó que, cuando los técnicos de la Junta de Andalucía examinaron los expedientes, su conclusión también fue clara. «Todos ellos dicen que era un caos, que no había documentación, que no se había regulado nada», señaló.

El fiscal reprochó que se decidiera cuantificar las ayudas no por su importe, sino por la cuantía que recibía cada trabajador, «a pesar de que la beneficiada era la empresa». «Fue conocido por el Consejo Rector y nada se hizo al respecto», indicó, tras reiterar que «había un desfase presupuestario».

En el marco de su exposición, Fernando Prieto precisó que, al ser concedidas las ayudas por la Consejería de Empleo sin fiscalización alguna y al pasar por el Consejo Rector, «todos ellos eran absolutamente conscientes de lo que estaba sucediendo».

Fondo de reptiles

También intervino en la sesión de este jueves el letrado Luis García Navarro, quien representa a la acusación que ejerce el PP en el procedimiento. En su turno de palabra, García Navarro intentó «combatir» el «mantra» de las defensas e insistió en que «se creó un fondo de reptiles con el concurso de todos los condenados» y que es «evidente» que se falsificaron los presupuestos.

El letrado cerró la vista pública -que ha durado tres horas- después de que el presidente del tribunal, el magistrado Juan Ramón Berdugo, le interrumpiera para puntualizar que, «dado que en su escrito se limitó a adherirse a lo que dijo el Ministerio Fiscal», debía terminar.