España, el primer país de la UE que activó el espionaje con Pegasus, en el 2016

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 28 de abril en Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 28 de abril en Madrid MARISCAL | EFE

La mayoría de las escuchas al secesionismo se llevaron a cabo bajo el Gobierno de Sánchez

02 may 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

El espionaje existió. Los teléfonos móviles de 61 políticos independentistas —59 catalanes y 2 vascos— fueron espiados a través del malware israelí Pegasus. Entre el 2017 y el 2020, los ataques se sucedieron contra los líderes secesionistas, entre ellos los últimos cuatro presidentes catalanes: Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès. El 97 % de las intervenciones se hicieron bajo los Gobiernos de Pedro Sánchez. El análisis realizado por Citizen Lab en el 2021 fue el que descubrió la presencia del malware. La campaña de espionaje fue intensa del 2019 al 2020, coincidiendo con la operación contra los CDR acusados de terrorismo, el fallo del procés y los incidentes protagonizados por Tsunami Democràtic. 

datos confidenciales

Con carácter previo. Quien espiara a los independentistas con Pegasus tuvo acceso previo a parte de sus comunicaciones o a datos confidenciales antes de que el malware tomara el control de sus terminales. Todas las víctimas recibieron mensajes personalizados para infectar sus aparatos sin necesidad, si quiera, de abrir esos mensajes. 

la licencia del CNI

Adquisición de Pegasus. El Centro Nacional de Inteligencia adquirió en el 2016 la licencia de uso de Pegasus por más de 5 millones de euros. Meses antes WikiLeaks destapó que el CNI se valía de una empresa italiana, Hacking Team, para espiar. La inteligencia española comenzó a usar en otoño del 2016 el sistema, convirtiéndose España en el primero país europeo en activarlo. 

marco legal

Juez del Supremo. La Ley Orgánica 2/2002 reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia establece que puede intervenir comunicaciones «para el cumplimiento de las funciones asignadas», siempre con la autorización de un magistrado del Tribunal Supremo. Desde el 2009, es Pablo Lucas. La información recabada es remitida solo al Gobierno. 

la responsabilidad

Una veintena. Solo el entorno de los servicios secretos ha admitido que se espió con Pegasus a independentistas catalanes, pero ni fueron los señalados por la investigación de Citizen Lab ni en ese volumen. El entorno del CNI cifra en una veintena los móviles intervenidos y los circunscribe a activistas relacionados con Tsunami Democràtic, los CDR y los Equipos de Respuesta Táctica. 

el alcance

Investigación no exhaustiva. La investigación del instituto canadiense no es exhaustiva. Los 61 casos revelados hace dos semanas son solo los localizados por Citizen Lab después de que en julio del 2020 el eurodiputado Jordi Solé (ERC) confirmara que su móvil había sido intervenido. A modo de cata, se han analizado centenares de móviles hasta llegar al mayor escándalo conocido en Europa por volumen, pero es imposible calcular la envergadura real del espionaje. 

El contenido espiado

El tiempo. No se sabe el tiempo exacto que el programa estuvo activo y, mucho menos, precisar qué información fue filtrada. 

trabas a la verdad

Explicaciones. El Gobierno quiere tratar de cerrar la polémica con las explicaciones de la directora del CNI, Paz Esteban, en la comisión de asuntos y gastos reservados. Sin embargo, existen importantes dudas de que ese foro se acerque a la verdad.

Unidas Podemos se enreda en sus contradicciones, agudizadas por la crisis del espionaje 

x. g. madrid

Podemos se ve abocado a la gestión permanente del dilema y la contradicción. Cuando todavía no se habían acallado los ecos del envío de armas a Ucrania y del inesperado giro de Pedro Sánchez en torno al Sáhara Occidental, el estallido del caso Pegasus ha recrudecido el ya delicado juego de equilibrios y somete a los morados a una importante prueba de estrés. Se enfrentan al reto de justificar su permanencia en un Gabinete que habría ordenado las investigaciones mientras los socios parlamentarios ponen la legislatura en jaque.

Han abanderado la lucha contra «las cloacas del Estado» y ahora se suman a la petición de explicaciones y a la depuración de responsabilidades, exigidas por el independentismo, pero evitan reclamar abiertamente la cabeza de Margarita Robles, excepto algunas voces. En realidad, en la cúpula diagnostican que la presencia de la ministra de Defensa en el Ejecutivo les ayuda a marcar perfil propio. La gestión del caso Pegasus, además, ha servido como enésima muestra de las diferencias entre Yolanda Díaz y Podemos. El partido dice que «no se puede esperar más» para que «rueden cabezas», y la vicepresidenta segunda defiende un trabajo «serio y riguroso» para esclarecer los hechos.