El caso Pegasus radicaliza la política catalana y realinea a ERC con Junts

Cristian Reino BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, junto a su vicepresidente, Jordi Puigneró, en una imagen de archivo Andreu Dalmau | EFE

La Generalitat sigue sin romper del todo con la Moncloa, pero ya no lo descarta

01 may 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

La relación de ERC con el Gobierno está muy tocada, herida de muerte, pero aún están a tiempo de evitar el divorcio total. En Esquerra y en la Generalitat redoblan la presión a raíz del estallido del caso de espionaje a los independentistas e inciden en que la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha hecho gestos y se ha movido, aunque de manera insuficiente para los secesionistas. La investigación anunciada por el Defensor del Pueblo y la constitución de la comisión de secretos oficiales, con todos los grupos representados, es poca cosa para la parte catalana, que exige una comisión de investigación y que Sánchez cese a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Una reclamación inviable a corto plazo con las elecciones andaluzas y la cumbre de la OTAN a la vuelta de la esquina. «El Gobierno se pensaba que, con la reunión de Bolaños y Vilagrà [consejera de Presidencia] en el Palau de la Generalitat [hace una semana], sería capaz de reconducir la situación, pero ya ha visto que no», afirman en el Ejecutivo catalán.

Imagen de archivo de la directora del CNI, Paz Esteban, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Paz Esteban, la espía tranquila que no encuentra la calma

Melchor Saiz-Pardo

Con su no al decreto anticrisis, Esquerra quiso visualizar que esta vez va en serio. Y que si amenaza con dejar caer todos los decretos y leyes que impulse el Ejecutivo de Sánchez no va de farol. «El Gobierno puede salvar una votación, pero si no cambia no va a poder alargar la legislatura», advirtió ayer la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, en un acto del partido.

Como consecuencia, en la orilla independentista, el Catalangate ha unido a los secesionistas y ha aumentado las distancias entre el Gobierno central y el catalán. Cuando más dividido estaba el independentismo, sin estrategia común y cada uno votando por su cuenta en Madrid, las tres fuerzas secesionistas han encontrado una argamasa para volver a cohesionarse. En la votación en el Congreso no hubo fisuras y los abogados de las tres formaciones van a la una en la ofensiva judicial.

Dinamitar puentes

Con todo, ERC insiste en defender el diálogo. Su estrategia se basa en la negociación y en intentar evitar la llegada de la derecha al poder. En la Generalitat y en ERC no quieren precipitarse. Dan una última oportunidad a Pedro Sánchez para que en el encuentro o en la llamada que tiene pendiente con Pere Aragonès ofrezca explicaciones convincentes. Tras la conversación, los republicanos tomarán una decisión. Ya no descartan la ruptura total, aun admitiendo que va contra su línea estratégica y que es darle la razón a Carles Puigdemont cuando proclama que con el Gobierno no hay nada de qué hablar. Ante la ruptura, «ellos [los socialistas] tienen más que perder que nosotros», afirman en el Ejecutivo catalán.

Junts y la CUP presionan a Aragonès para que dinamite todos los puentes y lo aprietan para que dé por muerta la mesa de diálogo. En el Gobierno catalán han encontrado la oportunidad adecuada para justificar que este foro ha fracasado por culpa de un Ejecutivo que espía a políticos, abogados y periodistas, y da explicaciones «insultantes».

Hasta la fecha, la amenaza de los republicanos a Sánchez era que sin mesa no había legislatura. Ahora, la consigna ha mutado a un «sin la cabeza de Robles no hay legislatura».

La denuncia independentista se solapa con las causas sobre Tsunami y Voloh

La denuncia de los partidos independentistas por presunto espionaje con el programa Pegasus coincide en el tiempo con varias causas judiciales acerca de los promotores de la plataforma Tsunami Democràtic, los Comités de Defensa de la República (CDR) y el caso Voloh de desvío de fondos, en este último con presuntas conexiones con Rusia.

Son procedimientos abiertos tras indagaciones policiales a raíz del referendo ilegal del 1 de octubre del 2017. En la Audiencia Nacional, se investiga a Tsunami Democràtic para determinar cuál fue su papel en los disturbios del 2019, así como quiénes estaban detrás de la plataforma y cuáles fueron sus fuentes de financiación, según Europa Press.

Fondos rusos

Una de las cuestiones sobre las que se puso la lupa fue que Tsunami Democràtic usó una aplicación móvil para sus protestas como el intento de ocupar el aeropuerto de Barcelona, El juez sumó a esa causa parte de Voloh, caso en el que se investiga el presunto desvío de fondos públicos para financiar al independentismo. Esta semana, fue citado como investigado el empresario ruso Alexánder Dimitrenko, que participó en una compraventa de gas entre Rusia y China que supuestamente sirvió para financiar el 1-O, según El Periódico de Cataluña. Dimitrenko habría viajado dos veces a Moscú con el director de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, al parecer, para buscar apoyos al procés.

Dimitrenko y Alay

Los jueces avalaron que la Guardia Civil analizara el móvil de Alay por su vínculo con Dimitrenko, quien, tras el asunto del gas, fue nombrado embajador de la Cámara de Barcelona «con la colaboración» del entonces presidente de la corporación, Joan Canadell, ahora diputado de Junts. En base a esas intervenciones, un auto de la Audiencia de Barcelona recogía que Alay aludía a que habían recibido 295.000 euros como pago de garantía por la compraventa.

El juez del caso Voloh también investiga un presunto delito urbanístico, de tráfico de influencias y prevaricación, que tiene como principal investigado al exconsejero de ERC Xavier Vendrell.