La comisión de secretos oficiales ni siquiera se llama así. Es en realidad la Comisión de Gastos Reservados. Y la democracia española ha sido capaz de sobrevivir sin ella durante los últimos tres años. Hasta que el ajedrez político ha puesto en juego una pieza colateral, pero clave en la arquitectura constitucional española. De repente, en los acolchados sillones de la Carrera de San Jerónimo han encontrado acomodo cinco partidos que defienden abiertamente la ruptura de la unidad de España: el PNV y Bildu, que apuestan por la independencia del País Vasco, y ERC, Junts y la CUP, los tres miembros del triunvirato secesionista catalán. A ellos se suma Unidas Podemos, que abiertamente simpatiza con estos movimientos, especialmente su rama catalana.
Entre todos ellos suman seis de los diez votos que decidirán la suerte de la Comisión de Gastos Reservados, en la que se visarán los desembolsos del Gobierno en todas sus ramificaciones.
Es decir, que el dinero que se destine a vigilar el gallinero independentista —da igual donde— será supervisado por las fuerzas secesionistas que se dedican a combatir el orden constitucional español. Así, por ejemplo, Carles Puigdemont podrá saber cuántos agentes se dedican a seguirle mientras se halla huido de la Justicia española. O Bildu tendrá acceso a las investigaciones de inteligencia sobre lo que queda de estructura de ETA mientras se jalean los homenajes a los terroristas que salen de la cárcel con delitos de sangre a sus espaldas.
Es decir, siguiendo la aritmética, los partidos teóricamente constitucionalistas se han quedado en minoría en un organismo clave para garantizar la seguridad del Estado. ¿Alguien se imagina a Putin dejando el timón de la guerra de Ucrania a sus enemigos? ¿O a Biden encargando las negociaciones con China o Rusia a una potencia desestabilizadora de los Estados Unidos?
El Gobierno español, al menos Pedro Sánchez, ha decidido jugar a la ruleta rusa con los secretos oficiales para intentar una paz que es imposible. Los independentistas catalanes tienen su particular guerra y un pacto a un año vista de unas elecciones —tanto en España como en Cataluña— se antoja imposible. El presidente ha comprado un poco más de tiempo a costa de poner en la picota a una de sus ministras más cercanas, Margarita Robles, y de muchos de los secretos de Estado a quienes quieren destruirlo o, por lo menos despedazarlo. Porque ya se sabe que cuando quieres que algo no trascienda, lo mejor es que no se lo cuentes a nadie. Porque ahora, por ejemplo, ¿cómo se van a ocultar los costes de los viajes en Falcon?