Pablo Lucas, el juez progresista del Supremo responsable de avalar las escuchas desde el 2009

Redacción LA VOZ

ESPAÑA

Pablo Lucas, magistrado del Tribunal Supremo
Pablo Lucas, magistrado del Tribunal Supremo

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, dio el visto bueno a la exhumación de los restos de Franco

29 abr 2022 . Actualizado a las 08:39 h.

La ley establece que los servicios de inteligencia pueden interceptar comunicaciones, siempre y cuando cuenten con la autorización de un magistrado del Tribunal Supremo. El encargado de autorizar las actividades del CNI que afecten a los derechos fundamentales es Pablo Lucas Murillo de la Cueva, hijo de Pablo Lucas Verdú, reconocido jurista que fue profesor en la Universidad de Deusto. Su hermano, además, es Enrique Lucas, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegido a propuesta del PNV, informa Colpisa.

Todas las peticiones del CNI deben estar justificadas, tener un carácter individualizado y han de ser aplicadas durante un tiempo determinado. En la intervención sobre comunicaciones, el plazo inicial es de tres meses, pero se puede ampliar. De haberse realizado el espionaje tendría que haber contado con el visto bueno de Lucas Murillo de la Cueva, que se encarga de analizar estas peticiones desde el 2009 tras ser nombrado por el Poder Judicial a propuesta de su presidente. 

Exhumación de Franco

Desde entonces ha sido ratificado en dos ocasiones por un plazo de cinco años, la última en el 2019, por lo que, en principio, seguirá en el cargo hasta el 2024. Este magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tiene un sustituto, también de la Sala Segunda, Andrés Martínez-Arrieta.

Pablo Lucas tiene una dilatada carrera judicial. Tiene fama de juez progresista y redactó, entre otros, el auto que dio el visto bueno judicial a la exhumación de los restos de Francisco Franco del valle de los Caídos.

A finales del año pasado, fue el ponente de una dura sentencia que propinaba un contundente revés al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Este vetaba la obligatoriedad del pasaporte covid. Lucas entendió que estaba fuera de «toda proporción» entender que el salvoconducto sanitario obstaculizaba «el libre desarrollo de la personalidad».