El Tribunal de Cuentas fiscalizará los gastos de la Casa del Rey en aras de la transparencia
ESPAÑA
Vigilará mediante una auditoría externa la actividad económica y financiera de la Zarzuela y en qué gasta su presupuesto
26 abr 2022 . Actualizado a las 20:12 h.La Casa del Rey dejará de ser la excepción entre las instituciones del Estado que no estaba sometida al control de sus gastos y por primera vez un organismo fiscalizador, el Tribunal de Cuentas, supervisará lo suyos. El Gobierno aprobó ayer un real decreto, pactado con la Zarzuela, que reforma la estructura y el funcionamiento de la Corona. No es una ley ni siquiera un decreto ley porque ni el Ejecutivo ni el principal partido de la oposición ni la Casa del Rey quieren que la discusión se traslade al Congreso y se convierta en un debate sobre monarquía o república. Al ser un real decreto tiene un rango legislativo inferior que evita su convalidación en el Congreso.
El ministro de la Presidencia llevó a buen puerto las negociaciones iniciadas hace dos años por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo con el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín. Los contactos se intensificaron tras el archivo de la Fiscalía del Tribunal Supremo de las tres investigaciones abiertas sobre las presuntas irregularidades fiscales y financieras del rey emérito. Y aunque el Gobierno se esforzó en disociar el decreto ley aprobado ayer de la divulgación del patrimonio de Felipe VI, conocido la víspera, ambos pasos forman parte de la misma operación para revitalizar la imagen de la Corona.
Félix Bolaños subrayó que el real decreto busca reforzar «la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad» de la Casa del Rey. En lo que a transparencia se refiere, la Zarzuela tendrá que dar publicidad a sus contrataciones para que haya concurrencia de ofertas. También tiene que aprobar unas nuevas instrucciones de contratación y publicarlas en su web. Asimismo detallará en su página el presupuesto y los estados trimestrales de ejecución, los contratos suscritos, las retribuciones, los regalos institucionales y la memoria anual de actividades.
En el capítulo de ejemplaridad, los altos cargos de la Zarzuela tendrán que presentar una declaración de bienes cuando comiencen su labor y cuando sean cesados. Es una obligación que tienen los altos cargos de la Administración que hasta ahora no regía para los directivos de la Zarzuela.
El rey, exento
La norma, en cambio, seguirá sin afectar al rey, pues no establece que Felipe VI tenga que hacer públicos sus bienes con una periodicidad determinada. «Será el propio monarca», explicó el ministro de la Presidencia, el que decida cuándo informa de su patrimonio, y de los cambios que puedan producirse en sus bienes Para la rendición de cuentas, de acuerdo a la nueva normativa, la Casa del Rey tendrá que someter su contabilidad a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Hasta ahora, la única supervisión era la de la Intervención General del Estado, que se limitaba a certificar la corrección contable de las cuentas.
Bolaños se esforzó en subrayar que estas medidas responden a la voluntad de Felipe VI, expresada en el discurso de apertura de su reinado en junio del 2014, de dotar de transparencia y modernidad a la institución monárquica. Resaltó que se trata de «un avance» que sitúa a la Zarzuela en un nivel homologable con el resto de casas reales de Europa.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, valoró que la divulgación del patrimonio del rey es «un ejemplo de transparencia inédito» . Nadie explicó por qué quedaron excluidos los grupos independentistas catalanes, vascos y gallegos de la información sobre el patrimonio de Felipe VI. El portavoz de Esquerra señaló en tono jocoso que lo mínimo sería exonerar de pagar impuestos a los republicanos que no creen en la monarquía.
Podemos objeta la inviolabilidad y desdeña el plan: «Solo se dirige a los monárquicos»
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, apuntó ayer que las medidas de transparencia sobre la Casa del Rey tienen «poco efecto» mientras se mantenga la inviolabilidad de la monarquía y criticó que la institución ya solo se dirige a los «monárquicos», tras dejar fuera de su interlocución a ERC, Junts, la CUP, Bildu o el BNG.
Además, calificó de mero «maquillaje» la publicación del patrimonio personal del rey Felipe VI, y cuestionó la efectividad de las medidas como el real decreto aprobado ayer. Para Echenique, la inviolabilidad constitucional de la que goza el monarca y la interpretación que hacen los jueces, que implica prácticamente «impunidad total», no permite conocer si ese patrimonio personal de Felipe VI es «verdad o no», recoge Europa Press. Ese principio también motivaría, a su juicio, que el monarca pueda saltarse sin ningún reproche jurídico cualquier normativa que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), como el citado decreto.
