PSOE y PP retomarán en mayo la renovación del CGPJ con 58 vacantes ya en los altos tribunales
ESPAÑA
El negociador de los populares González Pons flexibilizará las lineas rojas de Casado y solo exigirá a Bolaños sacar a Unidas Podemos del acuerdo
24 abr 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendría que haberse renovado en diciembre de 2018 para cumplir con el período de cinco años de vigencia que la Constitución establece para los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Desde entonces han transcurrido más de tres años y cuatro meses sin que el PSOE y el PP, clave para el desbloqueo de la institución, hayan alcanzado un acuerdo.
Dirigentes populares llevan días difundiendo que de momento «lo más importante» es vender su plan económico y bajar los impuestos para ayudar a las familias más necesitadas. Sin embargo, no olvidan que en su agenda está marcado en rojo la negociación para la renovación del Consejo, lo que sería el primer gran acuerdo entre los grandes partidos tras la llegada a la presidencia del PP de Alberto Núñez Feijoo.
El todavía presidente de la Xunta de Galicia ha designado para este cometido al vicesecretario de acción Institucional, Esteban González Pons, aunque no descarta que, dado que se trata de una negociación entre los grupos parlamentarios, también participe la secretaria general del partido, Cuca Gamarra. Por parte del PSOE seguirá al frente el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, como ya ocurriera durante los fracasados encuentros con el exnúmero dos del PP, Teodoro García Egea.
Las fuentes consultadas señalan que las reuniones se retomarán previsiblemente a principios de mayo, una vez que se convalide el decreto anticrisis del Gobierno en el Congreso y a la espera de conocer la posición del PP en esta votación. En Génova esperan un gesto del Ejecutivo con el plan económico que ha presentado Núñez Feijoo, y que este viernes remitió a Moncloa, para comenzar con «buen pie» la renovación del gobierno de los jueces.
Una de las claves de este proceso, explican desde la formación conservadora, sería buscar juristas sin perfil político o lo menos posible para prestigiar el nuevo Consejo naciente tras más de 1.200 días de interinidad, un período récord en democracia.
Como ya ocurriera en la fallida negociación durante la etapa de Pablo Casado, uno de los requisitos que se mantendrá es que Unidas Podemos no entre en la ecuación para la designación de los 20 vocales del CGPJ. En cambio, el PP de Feijoo asume que la exigencia que abanderó Casado de reformar la ley orgánica para reforzar la procedencia de los vocales elegidos solo por los jueces ha pasado a un segundo plano. Al menos para poder llegar a un acuerdo rápido con el PSOE y pese a la presión de Bruselas, del Consejo de Europa y de las asociaciones de magistrados para modificar ya la norma.
Incremento de vacantes
Las expectativas en Moncloa de cerrar un pacto con Núñez Feijoo antes de verano llevaron a Sánchez incluso a plantear la fecha del 12 de junio para actualizar el Consejo y acordar en tiempo, además, la renovación de las plazas de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional que concluyen su mandato, entre ellos el actual presidente Pedro González-Trevijano.
Se trata de las dos designaciones que le corresponden al Ejecutivo y las otras dos del Consejo, de ahí que aparezca un elemento adicional para que PSOE y PP se entiendan. Sin comprometerse con ninguna fecha, Feijoo apuntó tras la reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno que el cambio será «rápido».
En paralelo, la no renovación del Consejo está ocasionando la imposibilidad de cumplir con los nombramientos discrecionales pendientes, después de entrar en vigor en marzo del 2021 la reforma del Ejecutivo de coalición que impide que el CGPJ en funciones pueda cubrir las vacantes o renovar las plazas de altos cargos de la judicatura.
En estos 13 meses de aplicación de la norma la situación ya afecta a 58 designaciones -52 en la jurisdicción ordinaria y seis en la militar-, según informan desde el gobierno de los jueces. Trece de esas vacantes corresponden al Tribunal Supremo, cuyas salas están integradas por 70 magistrados.
La jubilación forzosa el pasado 5 de abril de un miembro de la Sala Tercera, Rafael Martínez Valverde, tras cumplir 72 años, eleva a siete las plazas sin cubrir en la jurisdicción contencioso-administrativa (26 integrantes), responsable de revisar los acuerdos del Gobierno. Esta situación también afecta en menor medida a otras tres salas. Si nada cambia, las bajas por jubilación, fallecimiento, enfermedad o servicios especiales podrían alcanzar este año al 20 % de la plantilla, mientras que el tiempo de respuesta de cientos de asuntos pendientes seguiría creciendo.