En estos 13 meses de aplicación de la norma la situación ya afecta a 58 designaciones -52 en la jurisdicción ordinaria y seis en la militar-, según informan desde el gobierno de los jueces. Trece de esas vacantes corresponden al Tribunal Supremo, cuyas salas están integradas por 70 magistrados.
La jubilación forzosa el pasado 5 de abril de un miembro de la Sala Tercera, Rafael Martínez Valverde, tras cumplir 72 años, eleva a siete las plazas sin cubrir en la jurisdicción contencioso-administrativa (26 integrantes), responsable de revisar los acuerdos del Gobierno. Esta situación también afecta en menor medida a otras tres salas. Si nada cambia, las bajas por jubilación, fallecimiento, enfermedad o servicios especiales podrían alcanzar este año al 20 % de la plantilla, mientras que el tiempo de respuesta de cientos de asuntos pendientes seguiría creciendo.