La Fiscalía española considera «ilógico» que Bélgica frene las euroórdenes del «procés»

OLATZ HERNÁNDEZ BRUSELAS | COLPISA

ESPAÑA

Foto de archivo del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, que habla de una «persecución infame».
Foto de archivo del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, que habla de una «persecución infame». Andreu Dalmau | Efe

El abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, dijo que el juez Llarena pretende encarcelar a los líderes independentistas «sin juicio, durante meses y años» y que sus representados «no tienen garantías de tener un juicio justo en España»

06 abr 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

El fiscal del Tribunal Supremo, Fidel Cadena, tachó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de «ilógico y absurdo» que Bélgica cuestione la competencia del magistrado del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, para emitir las euroórdenes.

Esta vista del alto tribunal con sede en Luxemburgo examinó el alcance de las órdenes de detención y entrega que dictó Llarena contra el exconsejero Lluis Puig —cuya entrega rechazaron los tribunales belgas—, el expresidente catalán Carles Puigdemont, y los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Marta Rovira y Anna Gabriel. Todos por su implicación en el procés catalán.

El fiscal español centró su argumentación en que los jueces belgas no pueden cuestionar la competencia de Llarena para emitir la euroorden y negar la extradición basándose en ello. En este sentido, destacó que la competencia penal la determinan los jueces españoles.

Asimismo, cargó contra los informes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD), en los que se basaron los jueces belgas para rechazar la entrega de Lluis Puig. El documento, dijo, no se basa en cuestiones objetivas y «no puede elevarse sobre la opinión del Supremo», que ya indicó que no existe vulneración de los derechos fundamentales, aseveró.

Por su parte, el abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, defendió que Llarena usa las euroórdenes «de forma política» y que pretende encarcelar a los líderes independentistas «sin juicio, durante meses y años». Se trata, concluyó, de «una persecución infame». «Mis representados no tienen garantías de tener un juicio justo en España. Esto tiene que acabar y tiene que acabar aquí», pidió a los jueces europeos. 

Un caso paralizado

El juez Pablo Llarena acudió al TJUE hace un año, después de que el Tribunal de Apelación de Bruselas decidiera no enviar al exconseller de cultura Lluis Puig a España. Pidió al tribunal europeo que aclarara las razones por las que se puede rechazar una orden de detención y entrega europea, sobre todo las relacionadas con «copartícipes procesados en esta causa». Se refiere, en particular, a las euroórdenes emitidas contra Puigdemont y varios exconsellers.

Los procesos del expresidente catalán y Comín están paralizados, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea responda a Llarena. El caso también está paralizado por la inmunidad parlamentaria de Puigdemont, Comín y Ponsatí como miembros de la Eurocámara. El pleno del Parlamento Europeo dio luz verde al suplicatorio cursado por el Tribunal Supremo para retirar esa protección al expresidente, pero esta decisión también ha sido recurrida por los políticos independentistas ante la Justicia europea y está pendiente de decisión.

Recurso de Junqueras y Romeva

Por otra parte, el Tribunal Constitucional indica en su sentencia por la que desestima el recurso del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, y del exconseller Raül Romeva contra la sentencia del procés que no se vulneró su derecho a un proceso con garantías al condenarles a 13 y 12 años respectivamente, y advierte que por esos delitos la acusación popular, de hecho, había pedido condenas más graves, informa Europa Press.