Desde Tarragona, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, dijo ayer confiar en que Junts revierta su negativa a apoyar el pacto por el catalán. Aragonès subrayó que hacía falta actuar frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y, aseguró, la modificación «lo hace a partir de un consenso político amplísimo, criterios pedagógicos y desde un punto de vista jurídico con mucha solidez». El presidente señaló que la modificación de la ley de política lingüística busca «favorecer la lengua más débil, y la realidad es que la lengua más débil en conocimiento y en capacidad de uso en las escuelas e institutos de Cataluña, desgraciadamente, es el catalán».
En segundo lugar, se comunicó a la Justicia que, como anunció el consejero Josep Gonzàlez-Cambray el pasado martes, se han iniciado los trámites para un desarrollo normativo del régimen lingüístico del sistema educativo «de acuerdo con la evolución metodológica del aprendizaje y de acuerdo con la realidad lingüística de cada entorno educativo», y catalán y castellano estarán contemplados en los proyectos de cada centro. Un planteamiento que de hecho deja en manos de los colegios el volumen a impartir de cada lengua.
