La Generalitat informa a la Justicia del uso del castellano en la escuela con un sondeo
ESPAÑA
Deja en manos de los centros el impartir un 25 % de las clases en esa lengua según la realidad sociolingüista
26 mar 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno catalán insiste en que una cuestión como la pedagógica no puede medirse en porcentajes como le exige el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le obliga a impartir el 25 % de las clases en castellano. Sin embargo, la Generalitat, en la documentación que hizo llegar ayer al tribunal para explicar cómo aplicará la sentencia a través de los cambios legislativos y normativos, adjuntó una encuesta elaborada recientemente por el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) que sí habla de porcentajes.
La Consejería de Educación afirma que hay un «bajón» en el uso del catalán en la enseñanza. Según ese sondeo, está en regresión en las escuelas e institutos. En la educación primaria, el catalán se usa en el 62,1 % del tiempo escolar, y el castellano, en el 33,1 %. En la secundaria obligatoria, el catalán se emplea en el 60,6 % del tiempo, y el castellano, en el 32,9 %, de acuerdo a la encuesta del Síndic.
A simple vista, el Gobierno autonómico ya estaría cumpliendo la sentencia judicial del 25 % de castellano que exige el tribunal. Pero las cifras tienen trampa. El Síndic incluyó en el porcentaje tanto el tiempo del comedor como el del patio, de ahí que el castellano obtenga porcentajes tan altos, ya que es mayoritario fuera de las aulas.
El impartir el 25 % de las clases en castellano equivale, según los cálculos realizados por algún partido, a que los centros den una asignatura en esa lengua y no todas en catalán como hasta ahora.
En la comunicación al alto tribunal catalán, se enumeran varias iniciativas: la primera es la proposición de ley firmada por ERC, PSC-Units, Junts y comunes para modificar la ley de política lingüística y mantener el catalán como vehicular en el sistema educativo, incluyendo al castellano como lengua de aprendizaje. Fue registrada el jueves y, tras firmarla, Junts, que atraviesa una guerra civil, se descolgó del acuerdo.
Desde Tarragona, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, dijo ayer confiar en que Junts revierta su negativa a apoyar el pacto por el catalán. Aragonès subrayó que hacía falta actuar frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y, aseguró, la modificación «lo hace a partir de un consenso político amplísimo, criterios pedagógicos y desde un punto de vista jurídico con mucha solidez». El presidente señaló que la modificación de la ley de política lingüística busca «favorecer la lengua más débil, y la realidad es que la lengua más débil en conocimiento y en capacidad de uso en las escuelas e institutos de Cataluña, desgraciadamente, es el catalán».
En segundo lugar, se comunicó a la Justicia que, como anunció el consejero Josep Gonzàlez-Cambray el pasado martes, se han iniciado los trámites para un desarrollo normativo del régimen lingüístico del sistema educativo «de acuerdo con la evolución metodológica del aprendizaje y de acuerdo con la realidad lingüística de cada entorno educativo», y catalán y castellano estarán contemplados en los proyectos de cada centro. Un planteamiento que de hecho deja en manos de los colegios el volumen a impartir de cada lengua.
En último término se informó al TSJC de que se ha encargado a la Universidad de Barcelona un sondeo sobre la realidad sociolingüística de los centros.