Borràs admite que la Junta Electoral Central ya ha desposeído a Juvillà de su acta de diputado

La Voz REDACCIÓN

ESPAÑA

Imagen de archivo de Pau Juvillà y la presidenta de la cámara catalana, Laura Borràs.
Imagen de archivo de Pau Juvillà y la presidenta de la cámara catalana, Laura Borràs. David Zorrakino | Europa Press

La presidenta del Parlamento catalán asegura que «no puede aceptar» que «un órgano administrativo decida de forma unilateral quién sí y quién no puede ser diputado»

03 feb 2022 . Actualizado a las 12:14 h.

La presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, ha admitido en una carta dirigida a otras cámaras legislativas que la Junta Electoral Central (JEC) ya ha desposeído a Pau Juvillà, de la CUP, de su acta de diputado. En la carta, difundida este jueves, Borràs asegura que «no puede aceptar» que «un órgano administrativo decida de forma unilateral quién sí y quién no puede ser diputado», en referencia a la JEC.

Borràs ha convocado a la Junta de Portavoces a las 13.30 horas de este jueves como antesala de la celebración de un pleno del Parlamento de Cataluña en el que se prevé dar luz verde al dictamen que pactaron este miércoles ERC, JxCat y la CUP, cuando acordaron mantener el escaño a Juvillà, desoyendo así la orden de la JEC, aunque se imponían, como «límite de la desobediencia», no comprometer penalmente a los funcionarios.

Juvillà, secretario tercero de la Mesa del Parlament e inhabilitado por no haber descolgado lazos amarillos del edificio de la Paeria de Lérida en período electoral, anunció el lunes que frena su actividad política habitual por un problema de salud -este miércoles reveló que padece cáncer-, aunque no renuncia a su escaño.

En la carta, Borràs explica: «El 28 de enero recibí una notificación de la JEC que me obliga, en el plazo de cinco días, a comunicar qué acciones he llevado a cabo para proceder al relevo del diputado, a quien ya le han desposeído de su acta», informa Efe.

Además, la presidenta del Parlament denuncia que vive «una grave indefensión» derivada de la situación de Juvillà, y emplaza a los parlamentos a que emprendan «algún tipo de acción para defender los derechos de los ciudadanos europeos que esta situación vulnera».