Cataluña regresa a los debates sobre lengua y financiación previos al «procés»
ESPAÑA
El blindaje de la inmersión o las infraestructuras marcan la agenda catalana, en lugar de cuestiones soberanistas
03 ene 2022 . Actualizado a las 21:17 h.En su discurso de balance del año, Pedro Sánchez emplazó a los catalanes a «superar el 'procés'». En parte, ese camino ya se ha iniciado. La retórica de algunos de los dirigentes nacionalistas, como Puigdemont o Borràs, sigue instalada en octubre del 2017. Sin embargo, los hechos van por otros derroteros.
En el 2021, el Gobierno indultó a los presos del 'procés' y el año acabó con la ruptura del bloque secesionista: el Ejecutivo catalán cambió de socio, eligió a En Comú Podem y relegó a la CUP a la oposición. La mesa de diálogo sobre el conflicto catalán estará presente durante toda la legislatura catalana, pero en cambio algunos de los debates políticos, que habían quedado en un segundo plano durante los años álgidos del desafío nacionalista, han regresado con fuerza para convertirse en los asuntos centrales del mandato de Pere Aragonès.
Son la cuestión de la lengua, la financiación y las infraestructuras. Es como un regreso al 2010. El tema del catalán en la escuela ha regresado para quedarse como uno de los problemas centrales de la legislatura. El Govern tiene que responder a una sentencia del TSJC, ratificada por el Tribunal Supremo, que le obliga a impartir al menos el 25 % de las clases en castellano. El modelo de inmersión está en cuestión y Aragonès busca fórmulas para blindarlo. El presidente de la Generalitat tratará de reforzar ese sistema a través de una ofensiva legislativa en la Cámara catalana y quiere contar con el PSC, para renovar un amplio apoyo parlamentario a favor del catalán como lengua vehicular.
Los socialistas se alejaron de la mayoría soberanista durante los años del 'procés', si bien esta legislatura ya han empezado a cerrar grandes acuerdos con ERC y Junts, como la renovación de algunos de los organismos autonómicos. En el debate de la inmersión, el PSC siempre ha sido clave y los contactos del Govern con los socialistas hace semanas que se han iniciado.
El otro tema recurrente en la política catalana es la financiación. El no de Mariano Rajoy a un pacto fiscal para Cataluña (una especie de concierto económico a la catalana) fue la excusa que empleó Artur Mas para lanzar el 'procés'. El modelo de financiación autonómica actual lleva años pendiente de renovación y el Gobierno ha empezado a dar unos primeros pasos preliminares. El Govern, a diferencia de negociaciones anteriores, no quiere llevar la voz cantante en esta ocasión. Aragonès se ha reunido ya con los presidentes de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, Ximo Puig y Francina Armengol, respectivamente, que reclaman un nuevo modelo y que se quejan de que sus autonomías están infrafinanciadas.
En público, el presidente catalán se ha resistido hasta la fecha a conformar un frente común con valencianos y baleares para la financiación autonómica porque sería aceptar el marco político multilateral del Estado y su objetivo es mantener una negociación bilateral con Sánchez. Pero su consejero de Economía, Jaume Giró, de Junts, ha dicho que está dispuesto a «sentarse a negociar» con el Gobierno un nuevo modelo, según declaró en El Periódico. El independentismo insiste por un lado en que en la cuestión fiscal aspira a la plena soberanía aunque al mismo tiempo entra con sigilo en los debates de financiación.
Etapa de transición
Pasa lo mismo con las infraestructuras. La retórica independentista ha bautizado el período en el que nos encontramos como el del «mientras tanto». Una especie de etapa de transición entre el 'procés' y la culminación de la secesión. Un mientras tanto en el que el Govern afirma que está dispuesto a pelear hasta el último euro de inversión en infraestructuras que considere que le corresponde.
La reivindicación principal de la Generalitat es el traspaso total del servicio de trenes de Cercanías. El asunto forma parte de la negociación de la comisión mixta Generalitat-Estado, que se ha puesto en marcha tras unos años en la nevera. El Gobierno también puso sobre la mesa del debate la ampliación del aeropuerto de El Prat, pero en este caso las diferencias entre ERC y Junts impidieron el acuerdo para que Aena invirtiera 1.600 millones.