Sánchez choca con la Constitución en su promesa de acabar con los aforamientos para los altos cargos
ESPAÑA
El presidente del Gobierno lo intentó en dos ocasiones, la última hace tres años en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos, pero este proyecto nunca llegó al Consejo de Ministros
03 ene 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El anuncio de suprimir, acotar o revisar los aforamientos para los altos cargos siempre ha estado acompañado de grandes expectativas que, hasta ahora, han quedado en nada. Pedro Sánchez se remangó en septiembre del 2018 con un compromiso para acometer en «60 días» una reforma exprés de la Constitución para limitar esta figura. El Consejo de Ministros aprobó el 18 de enero un proyecto de reforma constitucional con esa finalidad y se pidió el informe del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Hasta hoy. Nada se sabe de aquel papel, ni parece que se vaya a saber.
Pero no solo Sánchez ha protagonizado arrancadas de caballo y frenazos de burro en esta cuestión. Alberto Ruiz Gallardón se subió al carro en el 2014, cuando era titular de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy, y anunció que iba a reducir a 22 los altos cargos aforados. La entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría rebajó los humos del ministro y redujo sus palabras a una forma «de abrir el debate». El proyecto también se evaporó. Sánchez lo volvió a plantear hace tres años y sacó el tema del frigorífico en enero del 2020 para incluirlo en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos. El punto 2.11.7 dice: «Reformaremos la Constitución para limitar los aforamientos políticos». El asunto corrió la misma suerte que los anteriores y el proyecto nunca ha llegado al Consejo de Ministros.
El aforamiento es para el ciudadano uno de los paradigmas de los privilegios de los políticos, aunque no solo ellos están amparados por esta figura, también ampara a jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad. Para hablar de cifras redondas, unas 250.000 personas de las que 232.000 son policías y guardias civiles. Récord mundial. No hay un país que siquiera se acerque. El aforamiento permite a sus beneficiarios eludir los tribunales de primera instancia cuando son acusados de un delito penal para ser juzgados en el Tribunal Supremo o en los superiores de justicia. La Constitución de 1978 otorgó esta prerrogativa al presidente de Gobierno, ministros, diputados y senadores. Leyes orgánicas posteriores ampliaron el abanico a jueces, fiscales, magistrados del Constitucional, miembros del Consejo de Estado, vocales del Consejo del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo. Los estatutos de autonomía se encargaron de aforar a sus gobernantes y diputados autonómicos. En resumen, un colectivo de unas 17.000 personas, de las que 2.000 son cargos políticos.
Cuatro comunidades
A diferencia del Gobierno central, Cantabria, Murcia, Canarias y Baleares ya han suprimido en sus Estatutos de Autonomías los aforamientos para los diputados regionales y los integrantes del Ejecutivo. Y La Rioja está en camino con su reforma estatutaria en trámite en el Congreso. Estas cinco autonomías, con el acuerdo PSOE y PP y también otras fuerzas menores, han logrado modificar sus estatutos para abolir esta figura.