Igual que el pasado año, el Gobierno presentó el proyecto fuera de plazo en el Congreso, dos semanas más tarde de la previsión que marca la Constitución (30 de septiembre), ya que las cuentas no pudieron ver la luz hasta conseguir Unidas Podemos el cumplimiento de uno de los acuerdos de coalición, el control de precios en la nueva Ley de Vivienda.