El ala socialista del Gobierno deja en manos de Felipe VI el regreso del emérito

La decisión de la fiscalía suiza de archivar la investigación sobre el rey emérito Juan Carlos I por el presunto cobro de comisiones en la construcción del AVE a la Meca ha abierto el debate sobre el posible retorno a España del anterior jefe del Estado, que reside en Abu Dabi desde agosto del 2020. El deseo del anterior monarca se vería reforzado en caso de que también la Fiscalía española terminara por archivar la investigación sobre su situación fiscal. Pero el debate abre un nuevo frente interno en el Ejecutivo.

El sector socialista eludió tomar partido y dejó la decisión del regreso en manos del emérito y de la Casa Real. Es decir, de Felipe VI. «No nos corresponde pronunciarnos en torno a esa decisión que corresponde al rey emérito y por supuesto seremos respetuosos con la decisión que se adopte en el seno de la Casa Real», señaló la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Podemos ataca a la Monarquía

Aunque el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, llegó a decir que Juan Carlos I debería dar «explicaciones» sobre unas investigaciones «inquietantes y perturbadoras», ayer el portavoz socialista Felipe Sicilia se limitó a señalar el «respeto» y la confianza en que la Justicia española esclarezca la investigación abierta sobre el rey emérito «lo antes posible». El portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, indicó que no abrirán un debate sobre la cuestión porque Juan Carlos I «no ha trasladado públicamente su decisión de trasladarse a España». Menos conciliador se mostró Unidas Podemos, que reclamó un reforma de la Constitución para que la jefatura del Estado deje de estar diseñada como «un mecanismo perfecto para la corrupción».

«El problema no es Juan Carlos I, el problema es la monarquía», afirmó el portavoz parlamentario de la formación morada, Pablo Echenique, que aseguró que la decisión de la Fiscalía suiza «no cambia nada» porque «nadie ha negado que la dictadura teocrática saudí transfirió cien millones de dólares a una fundación opaca a nombre de Juan Carlos I». El secretario primero del Congreso, Gerardo Pisarello, recalcó además que «nada» impedirá que sigan «batallando para que el Congreso investigue los negocios del padre del rey».

PP: Puede volver cuando quiera

El líder del PP, Pablo Casado, afirmó sin embargo que «todos los españoles» tienen que estar agradecidos al anterior jefe del Estado por «su contribución a la Transición, a la democracia y a la Constitución». Según la portavoz del PP, Cuca Gamarra, el rey emérito puede volver «cuando quiera, como quiera y donde quiera, como un ciudadano más». Lo mismo opinan Ciudadanos y Vox. «Es un ciudadano libre, no tiene ningún tipo de restricciones al movimiento ni a la circulación», indicó el portavoz de Cs, Edmundo Bal. Desde Vox, su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, dijo que «no hay ningún motivo para que no regrese y podrá volver cuando estime oportuno».

Rufián plantea que viva «en un piso de 60 metros en un barrio obrero» 

«Si quiere volver, podría vivir en un piso de 60 metros cuadrados, en un barrio obrero, y cobrar la pensión mínima no contributiva». Esa es la propuesta que hizo ayer el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre el posible regreso a España de Juan Carlos I. «Sería lo mejor para que conociera la otra realidad que vive la inmensa mayoría de la población», señaló. El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, indicó que a pesar de la decisión de la justicia suiza «hay una evidencia de corrupción», que confirma «un comportamiento corrupto de los borbones en general». El archivo de la causa, dijo, «no va a limpiar el nombre de los Borbones ni a tapar la corrupción generalizada de la Casa Real».

La Fiscalía española seguirá investigando «hasta el final» 

M. balín / MAdrid/ Colpisa

El cierre de la investigación en Suiza de los movimientos de dinero vinculado al rey emérito no tendrá un efecto inmediato sobre las diligencias que instruye aquí la Fiscalía del Tribunal Supremo. Los investigadores del alto tribunal llegarán «hasta el final» para determinar la responsabilidad penal del anterior jefe del Estado sin importar lo que hayan resuelto sus colegas suizos, según explican fuentes del Ministerio Público. Desde la Fiscalía del Supremo son conscientes de que la decisión del fiscal suizo redobla la presión pública sobre la investigación que se mantiene abierta en España.

Admiten que puede parecer que «vacía de contenido» los hechos investigados por su departamento, ya que se parte de la base de que tienen el mismo origen. Sin embargo, defienden que sus diligencias han derivado en la apertura de nuevas líneas de investigación y que en el tiempo que llevan instruyendo se han producido además dos acontecimientos relevantes: las regularizaciones que ha llevado a cabo don Juan Carlos por más de cinco millones de euros para cubrir pagos pendientes del Impuesto de Donaciones y del IRPF.

A este marco procedimental se suma la prórroga de las investigaciones por seis meses decretada por la Fiscalía General del Estado debido al retraso de una documentación que deben remitir las autoridades suizas. Se trata de los movimientos bancarios de la Fundación Zagatka relativos a los ejercicios 2014 y 2015, un período en el que un posible fraude fiscal no habría prescrito. Zagatka es una sociedad administrada por Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano del emérito, que abonó ocho millones de euros en viajes privados y estancias privadas del anterior monarca entre 2009 y 2018.

«No se comprendería que se cerraran ya las diligencias, después de la decisión de Suiza, sin poder concluir si la cuantía de la regularización tributaria de todo un ex jefe del Estado ha sido correcta», comentan las citadas fuentes para justificar el mantenimiento de la investigación. No obstante, desde el verano pasado se vienen filtrando datos sobre la marcha de las diligencias para amortiguar el impacto que supondría en la opinión pública el archivo de las tres líneas de investigación.

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