M. C. Cereijo
El Tribunal Constitucional dio validez legal a la prisión permanente revisable, una modificación introducida en el 2015 en el Código Penal que endurecía el castigo en casos muy determinados en los que se hayan cometido delitos muy graves. Básicamente contempla una pena de cárcel por tiempo indefinido, sujeta a revisiones muy tasadas que condicionan la posibilidad de que el reo recupere la libertad, entre los 25 y 35 años de condena. El PP, que en el 2015 gobernaba con mayoría absoluta, fue el único grupo que apoyó esta reforma. El pasado martes, el Constitucional no emitió un voto unánime. Siete magistrados la apoyaron y tres se mostraron en contra.
