PSC y En Comú ven en la ruptura del Ejecutivo catalán la vía para otras alianzas de gobierno

Mercedes Lodeiro REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

Joan Canadell, diputado de Junts que acusó a Aragonès de la brecha entre su partido, ERC y la CUP, de volver al autonomismo y de dar alas a otro tripartito
Joan Canadell, diputado de Junts que acusó a Aragonès de la brecha entre su partido, ERC y la CUP, de volver al autonomismo y de dar alas a otro tripartito David Zorrakino | EUROPA PRESS

Junts amenaza con una consulta interna a su bases sobre si siguen en la Generalitat

23 nov 2021 . Actualizado a las 04:29 h.

Las arduas negociaciones para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat han fructificado con la aprobación de las cuentas del Gobierno de Pere Aragonès (ERC) diseñadas por Jaume Giró, su consejero de Economía propuesto por Junts, partido que paradójicamente a punto estuvo de vetarlas como hizo la CUP. La aprobación, gracias a la abstención de los comunes, ha desembocado en una grave crisis entre los dos socios en el Ejecutivo. Tanto el PSC como los comunes ven difícil que la coalición entre republicanos y posconvergentes pueda recuperar la confianza y atisban la oportunidad de configurar alianzas alternativas de gobierno.

ERC tenía claro que tener presupuestos es básico para gobernar, por eso buscó entre la oposición un compañero de viaje, los comunes, cuando le falló su socio de investidura, la CUP. La otra opción era no aprobar las cuentas. Eligió dialogar con los de Jéssica Albiach. Y eso es lo que reventó a Junts, que el peso de las cuentas lo lleve un partido de izquierdas y no abiertamente independentista.

Los de Puigdemont quedaron tan indignados con la estrategia de que Aragonès pudiese brujulear por los escaños de la oposición y alguien lo escuchase que amenazaron, en principio, con bloquear sus propios números, y después de la votación, con realizar una «consulta interna» a sus bases para ver si continúan en el Gobierno. Esta cuestión es interpretada por algunos como mero «gesto», pues una salida de la Generalitat implica una pérdida de poder y otra económica, al dejar a 300 cargos en el paro. Por eso sus críticas a Aragonès de que no contase con la CUP para aprobar el presupuesto y, por tanto, de que incumple el pacto de investidura son también únicamente de cara al escaparate, pues fue Junts la que no quiso dar su brazo a torcer ante los anticapitalistas en cuestiones como los grandes proyectos turísticos.

Aunque la portavoz del Gobierno, Patrícia Plaja, insistió ayer en la unidad de acción en el Ejecutivo y en pedir a los consejeros que se aíslen del «ruido y los debates externos» de sus grupos, se vio obligada a negar que se haya roto algo. Reivindicó que continúa existiendo una mayoría independentista, y tendió la mano a la CUP para seguir trabajando. 

La senda «autonomista»

No opinan lo mismo PSC y comunes. La socialista Alicia Romero avisó de que el Ejecutivo de Aragonès y la mayoría de la investidura «están rotos y será difícil que puedan recomponerse», por lo que no ve mucho recorrido a la legislatura.

Para Jaume Asens, de En Comú Podem, el «escenario político» en Cataluña ya ha cambiado, por quedarse Junts fuera de juego, por la «debilidad» del actual Ejecutivo y por la «oportunidad» en Cataluña de trabajar con «otras alianzas», en alusión a fuerzas progresistas.

A Plaja no le quedó más remedio que templar gaitas después de que Junts acusase a ERC de volver a la senda «autonomista», la verbalización de que es el «traidor al independentismo». El de Aragonès, dijo, «es un Gobierno desacomplejadamente independentista», y justificó el interés por tener presupuestos con que «esto no quita que quiera ser útil» para gestionar la llegada de los fondos europeos.

La Generalitat pide desoír al Supremo, que exige que un 25 % de las clases sean en castellano

El Tribunal Supremo ha confirmado la obligación de que haya un mínimo del 25 % de enseñanza en castellano en el sistema educativo catalán al no admitir un recurso de la Generalitat contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que así lo fijaba el pasado diciembre.

La decisión la dio a conocer ayer el consejero de Educación catalán, Josep Gonzàlez-Cambray, quien trasladó a los centros que no deben cambiar sus proyectos lingüísticos. «Es un grave ataque a los fundamentos de la escuela catalana perpetrado por un tribunal alejado y desconocedor de la realidad de los centros educativos catalanes», lamentó el consejero, quien además de afirmar que en Cataluña no hay un conflicto real sobre la lengua dijo que «es una muestra más de la necesidad de una Cataluña independiente».

Por su parte, Sociedad Civil Catalana valoró la resolución como «un triunfo histórico de la igualdad y de la inclusión y un varapalo al sectarismo lingüístico que han practicado la Generalitat y sus organizaciones ‘civiles' satélites».