PSOE y Podemos acuerdan sortear la Ley de Amnistía para juzgar crímenes del franquismo

Javier Arias MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en el Consejo de Ministros, en una imagen de archivo.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en el Consejo de Ministros, en una imagen de archivo. Javier Lizon | Efe

Extenderán hasta 1982 las víctimas de la dictadura de Franco y retirarán hasta 33 títulos nobiliarios de cargos del régimen como Calvo Sotelo o Primo de Rivera

18 nov 2021 . Actualizado a las 08:32 h.

PSOE y Unidas Podemos cerraron este miércoles un acuerdo en torno a treinta enmiendas a la Ley de Memoria Democrática para su tramitación parlamentaria que abre la puerta a que se puedan investigar los crímenes del franquismo y conseguir así el aval de sus socios en el Congreso. Un intento que puede caer en saco rato tras el cruce de declaraciones entre el portavoz del PSOE en la Cámara baja, Héctor Gómez, y el de Esquerra, Gabriel Rufián, que en la tarde de este miércoles evidenció que las posturas continúan aún muy alejadas. «O se están equivocando o alguien está engañando a alguien o a todos», aseveró el dirigente republicano.

Se trata de una fórmula pensada para sortear la Ley de Amnistía de 1977 sin derogarla, tal y como pedían los aliados parlamentarios del Ejecutivo y a lo que el PSOE sigue negándose porque «no sería la panacea» y «las leyes penales desfavorables al reo no se pueden aplicar de forma retroactiva».

El Gobierno de coalición lanzaba con estas enmiendas un guiño a Esquerra, que exigía una revisión exhaustiva de la amnistía de la transición y la supresión del titulo de rey. Sin embargo, el gesto no ha convencido de momento, a los independentistas, que acusaron al PSOE y a Unidas Podemos de «vender humo» y hacer «triunfalismo absurdo» con sus enmiendas. Aunque ERC presentó este miércoles sus propias enmiendas a la norma -un total de 65-, los socios de Gobierno confían en que en el trámite parlamentario sirva para acercar posturas con el grupo republicano.

Con la nueva norma que proponen PSOE y Unidas Podemos, los juzgados españoles podrían investigar y juzgar a personas por las torturas y los asesinatos políticos cometidos durante la dictadura, algo que la Audiencia Nacional había rechazado hasta ahora bajo la base de la prescripción de estos crímenes, al estar sujetos a la Ley de Amnistía. Ambas formaciones acordaron modificar el artículo 2 de la norma que preparan, que quedaría con la siguiente redacción: «Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables».

Cambio de nombre

Entre las enmiendas para convencer a los partidos que forman el bloque de investidura se encuentran que el Valle de los Caídos pase a denominarse Valle de Cuelgamuros, que las investigaciones judiciales no se limiten al franquismo, sino también a episodios ocurridos durante la Transición -hasta 1982-, y retirar hasta 33 títulos nobiliarios entregados por Francisco Franco como el ducado de Calvo Sotelo o el ducado de Franco.

El secretario de Estado de Agenda 2030 y uno de los negociadores de esta enmienda, Enrique Santiago, celebró el acuerdo alcanzado y admitió que el efecto en la justicia no «va a ser muy importante» ya que muchos implicados han fallecido, pero que permitirá alcanzar «la verdad judicial». Asimismo, en el texto se acuerda reconocer que «las víctimas de la guerra y la dictadura tienen derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado», algo que ERC ya exigía en el paquete de enmiendas presentadas con el resto de partidos independentistas este lunes.

Reconocer reparaciones patrimoniales para los ateneos, asociaciones y otras personalidades jurídicas a los que durante la dictadura se les incautaron bienes, la restitución de la titularidad a la Generalitat de las dependencias de la Jefatura Superior de Policía en la Vía Laietana de Barcelona, o el «reconocimiento expreso a la persecución cultural y lingüística durante el franquismo» son otras de las exigencias que ERC, EH Bildu, Junts, PDECat, CUP y BNG pidieron en el paquete de enmiendas presentado este lunes.

Aunque en el ojo del huracán de estos grupos se encuentra la Ley de Amnistía, razón por la cual PSOE y Unidas Podemos trataron este miércoles de acercar a su terreno a sus socios habituales. Entre las enmiendas presentadas también está la de «mejorar» los protocolos para la exhumación de fosas; la creación de una Oficina de Víctimas del Franquismo o el refuerzo del Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática encargado de investigar los hechos cometidos durante el golpe de Estado del 36, la Guerra Civil y la dictadura.

La vía Ciudadanos

El Gobierno también contactó esta semana con Ciudadanos para sondear su disposición a negociar la nueva ley. El portavoz de la formación naranja en el Congreso, Edmundo Bal, no descartó sumarse a una hipotética negociación siempre y cuando se atendiesen algunas condiciones que parecen difíciles de asumir para el Ejecutivo, mientras que Rufián lamentó que se hubiesen producido conversaciones entre ambos partidos. «Ciudadanos hace unos días votó a favor de poner una calle a Millán Astray. Querer negociar con ellos una ley de memoria es insultante. O con unos, o con otros», espetó el portavoz republicano al mismo tiempo que afirmaba «confiar en que Unidas Podemos no trague con ello».

Para aprobar la norma que dejó lista la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y cuyo testigo cogió el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no basta con los 155 escaños de PSOE y UP. Necesita el apoyo del resto de partidos que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez.