El futuro del Gobierno catalán, de nuevo pendiente de una asamblea de la CUP

Cristian Reino COLPISA | BARCELONA

ESPAÑA

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una imagen de archivo.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una imagen de archivo. Quique García | Efe

Los anticapitalistas deciden si bloquean o no los primeros Presupuestos del Ejecutivo de Pere Aragonès

15 nov 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

La historia se repite. De nuevo la estabilidad del Gobierno catalán depende de lo que decida una asamblea de la CUP, de resultado siempre incierto. Entre ayer y hoy, las bases de la formación anticapitalista votan en una consulta interna si bloquean o no los primeros Presupuestos de Pere Aragonès. El formato de votación, como marca el libro de estilo en la CUP, es de todo menos sencillo, pues no en vano en una ocasión hasta se produjo un insólito empate.

Pueden darse cuatro resultados: enmienda a la totalidad y seguir negociando, enmienda a la totalidad y punto final, permitir la tramitación para seguir negociando o darlas ya por buenas de entrada. El resultado se conocerá mañana martes a las 12 del mediodía.

Los precedentes no son nada halagüeños para las dos formaciones hegemónicas del secesionismo. Desde que en el 2014, Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, y David Fernández, líder de la extrema izquierda nacionalista, se fundieron en un abrazo, tras la celebración de la consulta del 9-N, los anticapitalistas tienen la llave de la gobernabilidad en Cataluña. Lo cual ha causado estragos al Govern, que se ha visto obligado a radicalizar sus posiciones y a ceder ante todas y cada una de las exigencias que los asamblearios iban poniendo encima de la mesa.

La primera fue aceptar enviar a Mas a la «papelera de la historia». La CUP había abrazado al expresidente pero al año pedía su cabeza. El delfín de Pujol acató y puso a Carles Puigdemont al frente del Govern para contentar a los antisistema. Puigdemont también tuvo que ceder. Los anticapitalistas le obligaron a celebrar un referendo (el 1-O del 2017) si quería aprobar sus Presupuestos.

ERC y Junts insisten en otorgar la llave a la CUP, que firmó un pacto de investidura con los republicanos. Pesa la voluntad de preservar la mayoría absoluta independentista parlamentaria de las últimas elecciones, que por primera vez en la historia lo fue también en votos. Las dos partes difieren sobre las consecuencias de un eventual bloqueo de los asamblearios.

Esquerra advierte que el pacto de investidura quedaría en suspenso y saltaría por los aires la mayoría independentista, mientras que la CUP afirma que esa mayoría no está en riesgo.

El Govern de Aragonès, que tiene un consejero de Economía de Junts, Jaume Giró, un antiguo alto cargo de La Caixa, ha intentado seducir a los cuperos paralizando algunos de los grandes proyectos económicos de esta legislatura. Por ejemplo, la ampliación del Prat, que con la excusa del respeto medioambiental, ha quedado guardada en un cajón.

La CUP se opone además a la candidatura olímpica de invierno que Barcelona y los Pirineos quieren presentar para el 2030. De momento, ni un euro del presupuesto se destinará a esta iniciativa y la Generalitat se ha comprometido con la CUP a celebrar una consulta en los territorios afectados para decidir si opta como sede olímpica. Aragonès, asimismo, ha prometido a los anticapitalistas que el Govern no invertirá ni un euro para la construcción del complejo turístico Hard Rock, junto a Port Aventura, en Tarragona, un macroproyecto de hoteles y casinos.

Cesión en los Mossos

Además, la Generalitat ha cedido en materia de seguridad. Ha sentado a la CUP al frente de la comisión parlamentaria que tiene por misión «revisar» el modelo policial catalán y ha aceptado dejar de personarse como acusación particular contra manifestantes que hieran a agentes de la Policía catalana cuando no se pueda acreditar la autoría. Pero la CUP quiere más. Exige un aumento de impuestos y presiona para que Aragonès convoque un nuevo referendo antes del 2025.

En cualquier caso, algo ha cambiado en la política catalana. Durante los años del «procés», el Govern cedió a las exigencias, pues entendía que no tenía alternativa. Pero ahora sí la tiene, y tanto ERC como Junts contemplan la posibilidad de romper con los anticapitalistas y buscar una geometría variable con los comunes, que ya aprobaron las últimas cuentas de Quim Torra, o el PSC, que se ofrece casi a diario.