Sánchez acuerda con Calviño y Díaz «derogar» la reforma laboral

Francisco Balado Fontenla
Fran Balado MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

Atlas

En un comunicado, el Ejecutivo detalla que los cambios se realizan de acuerdo con lo suscrito en el pacto de coalición con Podemos

03 nov 2021 . Actualizado a las 10:42 h.

La reunión entre Sánchez, Calviño y Díaz de este martes en la Moncloa a la conclusión del Consejo de Ministros se saldó con el «compromiso» del Gobierno «con la derogación de la reforma laboral» implantada en el año 2012 por Mariano Rajoy. Según informaron fuentes autorizadas del Ejecutivo en una nota a la conclusión del encuentro, dicha derogación se hará «en los términos que establece el acuerdo de coalición» firmado entre las direcciones del PSOE y Unidas Podemos al comienzo de la legislatura, y cumpliendo también con «el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea», es decir, con la palabra dada a Bruselas de que antes de que concluya el año entrará en vigor «una legislación laboral moderna que revise los desequilibrios de la reforma del 2012», recoge la nota difundida por la Secretaría de Estado de Comunicación.

Pese a que a este cónclave a pequeña escala también acudieron los ministros de Hacienda, María Jesús Montero, Seguridad Social, José Luis Escrivá, y Educación, Pilar Alegría, en realidad Sánchez lo que pretendía era buscar un punto de encuentro entre sus dos vicepresidentas gallegas, ya que tanto Nadia Calviño como Yolanda Díaz tienen una visión muy distinta de hacia dónde debe transitar la reforma. La primera apuesta por abordar solo los aspectos «más lesivos», mientras la segunda opta por una ley completamente nueva. Es decir, acordar una postura oficial que el Ejecutivo supuestamente pasará a defender en las reuniones con los agentes sociales, que estarán encabezadas por Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo y persona de confianza de Díaz. La vicepresidenta segunda no ocultaba este martes su satisfacción a su llegada al Senado, en donde participó en la sesión de control al Gobierno. «Hoy han ganado los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Lo que vamos a hacer es cumplir con el acuerdo de Gobierno», afirmaba la fenesa, unas palabras que contrastaron con el silencio guardado por la vicepresidenta de Asuntos Económicos en el mismo escenario.

Fuentes próximas a Yolanda Díaz trasladaron a La Voz de Galicia que la número tres del Gobierno logró su principal objetivo, que pasaba por que «no quedase ninguna duda de la postura que adoptaría el Gobierno», especialmente tras la pasada semana, en la que los representantes socialistas no se atrevían a pronunciar la palabra «derogación».

Las mismas fuentes apuntan a que no solo queda «totalmente claro» que la reforma laboral de Rajoy será «derogada», sino que también se reconoce el trabajo realizado hasta la fecha por la titular de Trabajo «con los agentes sociales», que según el comunicado será «la base» sobre la que se asiente el trabajo que resta por delante.

Convenios sectoriales

Díaz también se mostró triunfante porque el comunicado recoge algunas de las cuestiones en las que más énfasis ha puesto en suprimir o en modificar, como «la temporalidad y la precariedad» de los contratos de los trabajadores. Asimismo, en la nota también se da a entender que los convenios que surjan de esta nueva reforma laboral se negociarán de forma sectorial sin la posibilidad de las empresas de descolgarse en función de sus circunstancias económicas, como venía siendo hasta ahora. Al menos es lo que se traduce de este extracto: será «imprescindible disponer de herramientas equilibradas en la negociación colectiva». El gran problema es que el Gobierno se comprometió con Bruselas a contar con el visto bueno de los sindicatos y de la patronal, y con estos últimos no parece muy cercano cuando el reloj avanza sin freno.

Este sábado, desde Roma, Calviño rompió el misterio reinante y detalló cuatro puntos a tratar. El primero, la «simplificación de contratos y reducción de la temporalidad», que es, a su juicio «excesiva». El segundo, la «adecuada regulación de las subcontratas». El tercero pasa por establecer un «reequilibrio de las partes en el ámbito de la negociación colectiva». Y, por último, «el establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad, en línea con la experiencia positiva de los ERTE».

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi Eduardo Parra | Europa Press

Un largo camino por delante

La reunión de ayer sirvió para fijar un acuerdo entre las dos almas que integran el Gobierno. Al menos, para dejar claros algunos de los aspectos que en las últimas semanas habían suscitado dudas. Pero el camino es todavía complicado, y el tiempo restante no abunda. En primer lugar, el Ejecutivo buscará un pacto con los sindicatos y la patronal, que se comprometió a alcanzar antes de mediados del presente mes. A continuación tendrá que aprobar en el Consejo de Ministros la nueva legislación laboral, y a renglón seguido intentar armar una mayoría parlamentaria para la convalidación del decreto.

Para ello, es consciente de que no contará con los votos del PP. «Hoy gana Díaz, mañana lo hará Calviño. El Gobierno es una auténtica jaula de grillos y este caos genera incertidumbre económica», afirmó ayer Casado en Twitter.

Por supuesto, tampoco podrán contar con el apoyo de Vox. En definitiva, Sánchez necesitará el respaldo de los mismos socios que le vienen apoyando a lo largo de la legislatura, que en realidad se pueden reducir a tres, porque con ellos supera el listón de los 176 que marca las mayorías en la Cámara Baja. ERC, PNV y EH Bildu. La portavoz de los abertzales, Mertxe Aizpurúa, ya advirtió ayer que exigirán que la derogación de la reforma del 2012 sea completa: «Lo que se pacta, se cumple», recordando a las famosas palabras de Iglesias pronunciadas precisamente por este tema.

La patronal exige al Gobierno que se aclare

Horas antes del anuncio del Gobierno, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, mostró su enfado por la deriva que ha tomado un tema tan serio como la contrarreforma laboral al ver cómo están «jugando como si fuera un trofeo político». «Estamos perplejos desde hace tiempo. Es una cosa muy seria en la que nos estamos jugando las cosas del comer, como es el empleo», recalcó.

Por ello, exigió al Gobierno que «se sienten, se aclaren y se decidan» sobre cómo modernizar el mercado laboral español. El líder de los empresarios evitó elegir si prefiere negociar con Calviño o Díaz -«es como si te preguntan si quieres más a papá o a mamá», ironizó- y dejó claro que lo que quieren es «una interlocución seria» y que lo que se ha convertido en un conflicto político «no acabe en un bla bla bla». «Queremos un Gobierno que nos transmita los temas. ¿Cómo se coordinan? Es su problema, no vamos a entrar ahí», recalcó.

Además, Garamendi mostró su preocupación por saber qué margen de negociación dejará lo que se pacte en esta cumbre del presidente con los ministros del ramo a la hora de abordar la contrarreforma laboral en la mesa del diálogo social y pidió que dejen también espacio a los interlocutores sociales. «No sé si hoy si pactan lo que pactan ya es innegociable o no lo que hayan pactado. No sé cuál es el margen o espacio que se dejan para seguir negociando. Porque si ya lo han pactado todo…», apuntó.

Asimismo, el líder de los empresarios criticó que al Gobierno no le interesa escuchar lo que dice la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, como la OCDE o el BCE, sobre la reforma laboral, algo que a ellos sí les interesa. En este sentido, descartó que estén «puenteando» al Gobierno pero reconoció que ellos tienen «línea directa permanente» con Bruselas, ya que la UE está «muy interesada» en saber cuál es la opinión de la patronal.

«Nosotros tenemos la misma relación con el Gobierno español que con la UE. Claro que trabajamos en Europa pero no, yo no puenteo a nadie. Pero ellos no tienen la exclusiva en decir qué quiere Europa porque nosotros también vamos», incidió. 

Por último, Garamendi descartó que la CEOE tenga derecho a veto pero sí dejó claro que hay cosas que no van a aceptar, como es limitar la temporalidad en las empresas al 15 %. «Eso es un planteamiento absolutamente ideológico, totalmente absurdo, que no está en la vida real y desde luego no vamos a aceptar», resaltó. De igual manera, rechazó suscribir un acuerdo en el que la empresa subcontratada se rija por el convenio de la empresa principal.