Sánchez advierte a Yolanda Díaz que no habrá reforma laboral sin acuerdo con los empresarios

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID/ LA VOZ

ESPAÑA

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, este lunes, en un seminario económico en Madrid.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, este lunes, en un seminario económico en Madrid. ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS

Podemos mantiene abierta la crisis y rechaza que Calviño intervenga en la negociación. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo admite que el Ejecutivo vive un momento «delicado»

26 oct 2021 . Actualizado a las 00:04 h.

La crisis sigue abierta. El PSOE y Unidas Podemos intentaron este lunes, sin éxito, reconducir la crisis abierta en la coalición por las divergencias en torno a la derogación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Delegaciones de los dos partidos se reunieron en el Congreso tras la petición de la formación morada de convocar a la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición para dirimir si la negociación con los agentes sociales debe encabezarla la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, o la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Aunque el PSOE la calificó de «constructiva», la reunión concluyó sin acuerdo. Podemos rechaza que Calviño intervenga en la negociación de la reforma laboral y tampoco hay consenso en el alcance de la reforma. La grieta, por tanto, no se ha cerrado. Ambos partidos se emplazan a seguir negociando. Pero, antes de la cita de entre los dos partidos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había fijado su posición tomando partido por Calviño y dejando claro que no aprobará una reforma laboral sin el consenso de los sindicatos y la CEOE.

«Modernizar», no derogar

Sánchez eludió referirse a la derogación de la norma, que es el término que utiliza Unidas Podemos, y aseguró que «todo el Gobierno» está comprometido con «modernizar la legislación laboral». Limitó el objetivo a «extirpar la precariedad laboral, impulsar la productividad y restablecer el equilibrio en la negociación entre empresarios y trabajadores». Y lanzó un mensaje de tranquilidad a la UE, aclarando, en presencia del comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, que le acompañaba en un seminario económico, que esos cambios «se harán, como se hace en Europa, con diálogo social y con vocación de consenso».

Calviño apuntó también que el Gobierno «tiene que hablar con una sola voz» en torno a la reforma laboral. Pero dejó claro que esa será la suya, al explicar que hay «distintas mesas de diálogo social de los distintos ministerios, pero por encima de estas mesas hay una para el Plan de Recuperación», que ella misma preside cuando no lo hace el presidente Sánchez. «Esta reforma implica a Trabajo, Economía, Inclusión Social, Hacienda, Educación y, en algunos puntos, incluso a otros ministerios», señaló para justificar la necesidad de que ella coordine la negociación con los agentes sociales.

Díaz, por su parte, trató de meter presión a sus socios de coalición advirtiendo de que el Gobierno vive un «momento delicado». Pidió al Ejecutivo que «se aclare» porque «están dando declaraciones diferentes», y comparó esta crisis con la polémica que se abrió sobre el salario mínimo. «Acordamos unas cosas, pero hay una parte del Gobierno que no comparte subir el SMI. Y es conocido que hay una parte del Gobierno que no quiere que se cambie el modelo de relaciones laborales», señaló Díaz. 

Delegaciones Bolaños frente a belarra

El presidente se planta ante el último desafío de sus socios

La crisis desatada por las divergencias en torno a la derogación de la reforma laboral es la más grave que ha atravesado la coalición, pero se suma a otras polémicas anteriores como el pulso sobre el salario mínimo, que Yolanda Díaz acabó ganando a Nadia Calviño; el control de los precios del alquiler, en donde Sánchez acabó cediendo, en contra también del criterio de la vicepresidenta primera, o el papel de la Corona, que ha generado fuertes desavenencias entre los socios. En este caso, sin embargo, Sánchez se ha mostrado inflexible en el respaldo a Calviño frente al desafío de Díaz.

La otra diferencia es que si antes las desavenencias se dirimían en reuniones discretas entre el todopoderoso Iván Redondo y Juanma del Olmo, principal asesor de Pablo Iglesias, cuando no en un cara entre Sánchez y el exlíder de Podemos, ahora los problemas se abordan en público y con delegaciones enfrentadas en una mesa. La comisión de seguimiento del pacto solo se ha reunido cinco veces, la última en enero.

La representación de Unidas Podemos evidenciaba que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, prefiere cultivar su relación bilateral con Sánchez, siguiendo el modelo de Iglesias. Díaz no asistió a la cita y dejó su posición en manos de su jefe de Gabinete, Josep Vendrell, al que impulsó tras perder la confianza en Del Olmo, y el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez. La delegación de Podemos estuvo así encabezada por el sector más beligerante con el PSOE, con la secretaria general y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, al frente. La secundaron la titular de Igualdad, Irene Montero, alineada con ella en la estrategia de presión a los socialistas, y el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, uno de lo que con más contundencia critica al PSOE.

Bolaños asume el control

La delegación socialista reflejó el papel preponderante del superministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que sustituye a Redondo como máximo asesor de Sánchez y tiene desde hace tiempo buena relación con Yolanda Díaz. También asistieron Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE y bregada en limar asperezas con Unidas Podemos; su sustituto como portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, con un perfil menos cercano a Podemos, y la ministra de Hacienda y Función pública, María Jesús Montero, claramente alineada con Calviño en su batalla contra Díaz.

Podemos e Iglesias exigen la dimisión de Batet, pero la titular de Trabajo no lo respalda

Al margen de la batalla en torno a la reforma laboral, la retirada del escaño al diputado Alberto Rodríguez mantiene la tensión entre los socios de coalición, pero también el seno de Unidas Podemos. El partido morado y el propio parlamentario han renunciado a presentar una querella por prevaricación contra la socialista Meritxell Batet. Pero Podemos exige que la presidenta del Congreso dimita por «por dignidad» ya que, según indicó la portavoz del partido morado, Isa Serra, ha atentado «contra la democracia y la separación de poderes». La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, eludió sin embargo apoyar esa petición de dimisión y se limitó a desear «la mejor de las suertes» a Rodríguez en su recurso ante el Constitucional ante la «injusticia» que supone la retirada de su escaño. «Somos amigos. Lo quiero mucho, más allá de compartir espacio político», indicó Díaz.

Rodríguez interroga a Batet

El jefe de los letrados del Congreso avaló este lunes por escrito la decisión de Batet de suspender a Rodríguez una vez que el Supremo aclaró que su condena conllevaba la «incompatibilidad sobrevenida» y que la sustitución de la pena de prisión por multa no hace desaparecer la condena. Pese a ello, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias exigió la renuncia de Batet, a la que acusó de «robarle» el escaño al exdiputado de Podemos. Según Iglesias, lo que ha hecho la presidenta del Congreso es «una barbaridad» y el juez del Supremo Manuel Marchena «se ha reído de ella».

Rodríguez, que ha abandonado Podemos, envió ayer una carta a Batet en la que le pide que aclare el motivo por el que procede a su sustitución como diputado «sin procedimiento previo alguno» y si esa decisión ha sido «personal». Le pregunta también cuándo y mediante qué resolución ha adoptado esa medida y qué base legal sirve de apoyo para «transformar una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo» en una «privación del escaño». Una estrategia jurídica de cara al recurso de amparo que presentará ante el Tribunal Constitucional para lo que ha contratado al abogado Gonzalo Boyé, que defiende a Carles Puigdemont.