Podemos e Iglesias exigen la dimisión de Batet, pero Yolanda Díaz no lo respalda
ESPAÑA
Los letrados del Congreso avalan por escrito la decisión de la presidenta de la cámara de retirar el acta al exdiputado
25 oct 2021 . Actualizado a las 20:24 h.Al margen de la batalla en torno a la reforma laboral, la retirada del escaño al diputado Alberto Rodríguez mantiene la tensión entre los socios de coalición, pero también el seno de Unidas Podemos. El partido morado y el propio parlamentario han renunciado a presentar una querella por prevaricación contra la socialista Meritxell Batet. Pero Podemos exige que la presidenta del Congreso dimita por «por dignidad» ya que, según indicó la portavoz del partido morado, Isa Serra, ha atentado «contra la democracia y la separación de poderes». La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, eludió sin embargo apoyar esa petición de dimisión y se limitó a desear «la mejor de las suertes» a Rodríguez en su recurso ante el Constitucional ante la «injusticia» que supone la retirada de su escaño. «Somos amigos. Lo quiero mucho, más allá de compartir espacio político», indicó Díaz.
Rodríguez interroga a Batet
El jefe de los letrados del Congreso avaló este lunes por escrito la decisión de Batet de suspender a Rodríguez una vez que el Supremo aclaró que su condena conllevaba la «incompatibilidad sobrevenida» y que la sustitución de la pena de prisión por multa no hace desaparecer esa condena. Pese a ello, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias exigió la renuncia de Batet, a la que acusó de «robarle» el escaño al exdiputado de Podemos. Según Iglesias, lo que ha hecho la presidenta del Congreso es «una barbaridad» y el juez del Supremo Manuel Marchena «se ha reído de ella».
Rodríguez, que ha abandonado Podemos, envió ayer una carta a Batet en la que le pide que aclare el motivo por el que procede a su sustitución como diputado «sin procedimiento previo alguno» y si esa decisión ha sido «personal». Le pregunta también cuándo y mediante qué resolución ha adoptado esa medida y qué base legal sirve de apoyo para «transformar una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo» en una «privación del escaño». Una estrategia jurídica de cara al recurso de amparo que presentará ante el Tribunal Constitucional, para lo que ha contratado al abogado Gonzalo Boyé, que defiende al expresidente catalán Carles Puigdemont.