Cree que la inviolabilidad hasta el 2014, las dos regularizaciones que presentó voluntariamente y la prescripción de otros delitos impiden encausarlo
06 oct 2021 . Actualizado a las 23:32 h.La investigación de la Fiscalía General del Estado sobre el rey emérito Juan Carlos I por presuntas irregularidades fiscales puede tener los días contados.
El Ministerio Público prepara ya un decreto de archivo de las diligencias abiertas contra el anterior jefe del Estado, exiliado en los Emiratos Árabes desde que se conocieran las pesquisas. Aunque el archivo de las tres causas que se siguen en la actualidad en la Fiscalía del Supremo no supone el sobreseimiento definitivo, según adelantó este miércoles el diario El Confidencial el equipo de fiscales que dirige Ignacio Campos ha llegado a la conclusión de que el rey emérito no es imputable porque, en base al artículo 56.3 de la Constitución, como jefe del Estado gozaba de inviolabilidad hasta junio de 2014, cuando abdicó; porque otros delitos habrían prescrito y porque las dos regularizaciones voluntarias presentadas por Juan Carlos I en diciembre del 2020 y febrero del 2021, por el impuesto de sucesiones y el del IRPF, con un monto superior a los cinco millones de euros, impiden que sea encausado.
En concreto la Fiscalía del Supremo indaga en tres asuntos relativos al emérito: el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.
En las diferentes comisiones rogatorias internacionales solicitadas por la Fiscalía no se han encontrado tampoco elementos suficientes para juzgarlo, debido a esa inviolabilidad, por lo que el archivo de la causa se producirá antes del mes de diciembre, que es cuando finalizaba el plazo legal para abrir un proceso contra el anterior monarca si las averiguaciones no se ampliaban por alguna causa. La Fiscalía entiende que carece de argumentos suficientes para solicitar una prórroga de las investigaciones o para presentar una querella, por lo que decide archivar las actuaciones dos años después de que comenzaran las pesquisas.
Posible regreso a España
La Fiscalía no ve necesaria tampoco otra posibilidad, la de llamar a declarar a Juan Carlos I para que preste declaración de manera voluntaria. Aunque se le ofreció hacerlo, la defensa del emérito rechazó personarse en el procedimiento prejudicial. De confirmarse el archivo de las investigaciones contra él, Juan Carlos I estaría en disposición de regresar a España. En un libro de reciente aparición, el emérito admitía que si se exilió en Emiratos Árabes fue porque haciéndolo así no «molestaba» a la Corona. El anterior jefe del Estado ha expresado en varias ocasiones su deseo de regresar. De hacerlo ahora no se alojaría en el palacio de la Zarzuela. Se trataría de una estancia temporal, sin fijar su residencia en España de manera definitiva. Aunque se ha especulado con que su destino pudiera ser la localidad pontevedresa de Sanxenxo, según la información adelantada por el diario digital el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría dado en su día instrucciones de que se buscara un acomodo «digno» para el ex jefe del Estado en dependencias de Patrimonio Nacional.
Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha señalado que sería una «mala noticia» si la Fiscalía decide archivar la investigación sobre las presuntas irregularidades del rey emérito Juan Carlos I, cuando parece «a todas luces» que se «enriqueció» utilizando la Jefatura del Estado para su «beneficio personal».
Y es que Belarra ha subrayado en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, que mucha gente en España se pregunta por qué si «todos somos iguales ante la ley», hay una persona como el emérito que «sistemáticamente rehúsa» responder ante la justicia y ante la ciudadanía por sus «responsabilidades políticas».
En relación a la información sobre el previsible archivo de las diligencias sobre el emérito, Belarra ha detallado que la Constitución recoge la «inviolabilidad» del rey y eso supone cierto blindaje durante el período que ostentó la Jefatura del Estado.
No obstante, la titular de Derechos Sociales ha apuntado que su espacio político ha propuesto investigar en el Congreso las actividades de Juan Carlos I tras su abdicación, dado que a su juicio existe un consenso mayor en el conjunto de los ciudadanos que cuestionan por qué está «fugado» y no vuelve a España para «responder de sus actos», algo que considera «imprescindible».
Preguntada sobre si ese archivo propiciará el regreso al país del emérito, Belarra ha dicho que es la Casa Real la que debe responder a esta cuestión, para añadir que sus presuntas irregularidades imponen «avanzar en una democracia más plena» de cara a poder elegir la Jefatura del Estado.