Los indultos, la mesa de diálogo, el cambio de Govern, la entente entre el PSOE y ERC, y la división en el campo secesionista han provocado un vuelco en el clima político de Cataluña
06 sep 2021 . Actualizado a las 12:50 h.La Diada convertida en ariete político independentista, como principal herramienta del Govern para presionar al Gobierno central, ya ha pasado a mejor vida. Artur Mas y Carles Puigdemont emplearon la movilizaciones callejeras como punta de lanza de sus desafíos. Eran los tiempos en los que mandaba la «voluntad del pueblo», según decían, sin importar si chocaba con la legalidad.
El secesionismo reunirá el sábado a miles de personas en Barcelona a favor de la independencia. La del 11-S será de nuevo una manifestación multitudinaria. Aunque no tendrá nada que ver con las de la época del «procés». La pandemia tendrá parte de la culpa. Pero no toda. El clima político en Cataluña ha dado un vuelco respecto a la década anterior.
Los indultos, la mesa de diálogo, el cambio de Govern, la entente entre el PSOE y ERC y la división en el campo secesionista han provocado que se deje de apelar al manido otoño caliente y se hable ahora de que la cuerda se destensa.
Los dos objetivos que se fija la otrora poderosa Asamblea Nacional Catalana (ACN) con la manifestación del 11-S ya son significativos de que Cataluña está en una fase distinta. La entidad nacionalista, que nació como motor movilizador y como lobby secesionista y que siempre ha dicho que dejará de organizar las movilizaciones de la Diada el día que Cataluña sea independiente, quiere volver a recuperar el pulso de la calle y presionar a los dirigentes nacionalistas para que no aparquen el 'procés'.
Su idea original era finalizar frente al Parlament la marcha del 11-S, que partirá de la plaza Urquinaona, en recuerdo de las violentas protestas contra la sentencia contra los líderes del 1-O. Pero ha modificado el recorrido y los discursos ya no tendrán lugar con la Cámara catalana como telón de fondo, para propiciar la presencia del presidente de la Generalitat. Aunque su asistencia no está asegurada. Desde 2019, la ANC no asigna ninguna zona reservada en la manifestación a los dirigentes políticos ni les permite ir en la cabecera de la marcha. La Asamblea ha cargado con dureza contra ERC, contra la mesa y no hay que descartar que a Aragonès, si acude, le ocurra como a otros dirigentes de su partido, como Rufián o Tardà, que ya han escuchado pitos en movilizaciones nacionalistas. La guerra independentista ha llegado a tal punto que casi ningún dirigente se salva del riesgo de ser abroncado por «botifler» (traidor).
La ANC presionará el sábado para que el Govern impulse una nueva declaración unilateral de independencia esta legislatura. Una exigencia que se antoja muy poco realista a día de hoy, ya que el Gobierno catalán está más preocupado en estos momentos (a pesar de la retórica) en la pandemia y en cuestiones de gestión como los presupuestos o la ampliación del Prat.
Omnium Cultural, mientras, apuesta por repetir un nuevo 1-O, el referéndum ilegal de 2017. Esta división de estrategias entre las dos grandes entidades de la sociedad civil es aún más acusada entre los partidos. La Diada llega en plena preparación por parte del Govern de la mesa de diálogo con el Gobierno, mesa «trampa» y de la «rendición», según sus detractores en el campo secesionista, si bien, la ausencia o no de Pedro Sánchez está eclipsando el contenido de la cita.
Posición de mínimos El propósito de Pere Aragonès es pactar con todos los actores del independentismo una posición de mínimos. De entrada, todos están de acuerdo en reivindicar la autodeterminación y la amnistía. Pero ahí se acaba el consenso. A excepción de ERC, nadie defiende el diálogo con Pedro Sánchez. Junts, de hecho, trata de dinamitar la mesa para perjudicar a sus socios republicanos. Pero además, no han sido capaces de acordar una hoja de ruta soberanista para los próximos años. El exdiputado de la CUP, David Fernández, que ayudó a Mas para el 9-N, ha recibido el encargo de Aragonès para acercar posiciones. La estrategia de diálogo de ERC es a largo plazo. Junts ni siquiera está dispuesta a dar dos años de margen a la mesa con el Gobierno e insta a Aragonès a que acuda a la cita amenazando con la vía unilateral. La CUP, por su parte, exige un referéndum antes de 2025.
