La Fiscalía pide diez años de prisión para un sargento de la Guardia Civil por desviar más de 200.000 euros

La Voz REDACCIÓN / AGENCIAS

ESPAÑA

Imagen de archivo de una intervención de la Guardia Civil
Imagen de archivo de una intervención de la Guardia Civil EDUARDO PEREZ

El acusado utilizaba falsos servicios de reparaciones contratados a un trabajador autónomo, con el que después se repartía el dinero

03 sep 2021 . Actualizado a las 11:21 h.

La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales diez años de prisión para un sargento de la Guardia Civil por desviar presuntamente 210.720 euros de las arcas del instituto armado con falsos servicios de reparaciones contratados a un trabajador autónomo, con el que después se repartía el dinero.

En su escrito, el Ministerio Público le acusa de los delitos continuados de falsedad de documento mercantil y malversación de caudales públicos.

Asimismo, solicita otros diez años de cárcel para el autónomo, que supuestamente trabajaba en actividades de comercio al por mayor de equipos electrónicos.

El juicio con jurado popular a los dos acusados dará comienzo el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid.

El sargento estaba destinado en el Negociado de Tramitación de Expedientes de Compras del Servicio de Telecomunicaciones de la Guardia Civil, según explica la Fiscalía en su escrito de acusación.

Añade que ambos acusados «urdieron un plan» que hasta 2013 logró desviar más de 200.000 euros de los fondos de la Guardia Civil a dos cuentas corrientes cuyo titular era el trabajador autónomo.

Presuntamente, este acusado empleaba la denominación «Suministros Logísticos Dorado» para elaborar documentos «que simulaban ser facturas a cuenta del suministro de materiales o bien de la realización de reparaciones a favor de la Guardia Civil».

El Ministerio Público subraya que dichas facturas «no respondían a suministros ni reparaciones», pero que una vez recibidas en el negociado del trabajador autónomo «daban lugar a que se ordenara el pago mediante transferencia bancaria a favor del emisor».

Además, los acusados «se cuidaron» de que los suministros y reparaciones nunca superasen los 5.000 euros porque de esta manera el sargento de la Guardia Civil podía pagar los supuestos servicios a través del sistema de «pago mediante anticipo de caja fija», ya que los que superaban ese importe «estaban sujetos a mayores controles».

En total, el trabajador autónomo elaboró 43 facturas. Una vez transferidos los fondos del instituto armado, se depositaban en dos cuentas desde las que sacaba cantidades en efectivo de entre 2.000 y 5.000 euros que posteriormente entregaba al sargento.

Así ocurrió el 30 de enero de 2013, cuando el autónomo acudió a las dependencias de la Guardia Civil, donde había concertado una cita con el otro acusado para entregarle un sobre con 2.500 euros. Inmediatamente después del encuentro ambos fueron detenidos.