Presiona al PP para renovar este organismo, en funciones desde el 2018
31 ago 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Por tierra, mar y aire. El PSOE lanzó ayer una completa ofensiva para presionar al PP de cara a que acceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) coincidiendo con los «1.000 días de bloqueo» de esta institución a la que popularmente se conoce como el órgano de Gobierno de los jueces y que, ante la falta de acuerdo entre las dos principales fuerzas del país, permanece en funciones desde diciembre del 2018. Se trata de una de las cuestiones pendientes desde el inicio de la legislatura. Para la renovación de los 20 integrantes de este organismo, la Constitución exige una mayoría reforzada de tres quintas partes en Las Cortes, por lo que las cuentas pasan por un acuerdo con el PP.
Los ataques procedentes del Ejecutivo llegaron de la mano de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que a partir de mañana iniciará una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios con la renovación de este organismo como uno de los principales temas a abordar. Llop exigió a Casado que demuestre su «sentido del Estado» abriéndose en la negociación, recriminando a los populares que este «fracaso» resulta «perjudicial para la imagen de nuestro país».
El PSOE también cargó desde su cuartel general. Con Calvo y Ábalos fuera de combate, la encargada de comparecer en Ferraz fue Eva Granados, quien urgió a Casado a dejar atrás «sus intereses electorales» y a favorecer dicha renovación. La ofensiva se completó en las redes, en donde varios dirigentes socialistas se sumaron a la campaña «1.000 días de bloqueo», reivindicando que la «mayoría conservadora» en el CGPJ «no es representativa» de la foto de la España actual.
Toque de Bruselas
El Gobierno barajó servirse de su mayoría parlamentaria para cambiar la ley y bajar el listón exigido en ambas cámaras, al menos para limitar los poderes del CGPJCGPJ mientras esté en funciones. Todo quedó paralizado tras el apercibimiento de Bruselas, que apreció un tic despótico. Sin embargo, la Comisión Europea también urgió a los actores políticos a alcanzar un acuerdo para dejas atrás esta anomalía.
Mientras tanto, en el PP exigen una «despolitización» de este organismo, según reivindicó ayer en rueda de prensa su secretario general, Teodoro García Egea. En la dirección admiten que no descartan que la legislatura expire sin que se puedan llevar a cabo estos cambios, ya que no se moverán hasta que Podemos se quede sin la opción de nombrar jueces afines.
Las asociaciones de magistrados exigen un cambio en el sistema de nombramientos
La legislación señala que el Consejo General del Poder Judicial debe estar integrado por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y por veinte vocales, de los cuales doce serán jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial, y ocho juristas de reconocida competencia.
Según el artículo 567 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), esos veinte vocales son designados por las Cortes Generales atendiendo al principio de presencia paritaria entre hombres y mujeres. En concreto, cada cámara elige por mayoría de tres quintos a diez vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial, recoge Europa Press.
Cambios en los nombramientos
Desde la asociación mayoritaria de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, han mantenido en los últimos meses que se tiene que renovar cuanto antes el Consejo y que hay que abordar la reforma de la LOPD. En el primer contacto que mantuvieron con la ministra de Justicia, Pilar Llop, el presidente de esta asociación, Manuel Almenar, le instó para que se llegue a un acuerdo para reformar la actual LOPJ para que los miembros de esta institución sean elegidos directamente por los jueces.