El Gobierno y la Casa del Rey demoran las reformas prometidas sobre la monarquía

M. E. Alonso COLPISA | MADRID

ESPAÑA

ALBERT GEA | Reuters

El presidente Sánchez anunció hace 8 meses que Felipe VI estaba «trabajando», con el apoyo de la Moncloa, en una «hoja de ruta» basada en la «renovación de la corona en cuanto a la transparencia y la ejemplaridad»

09 ago 2021 . Actualizado a las 15:44 h.

La puerta la abrió el presidente del Gobierno cuando, en su última rueda de prensa del 2020, avanzó que el rey estaba «trabajando», con el apoyo de la Moncloa, en una «hoja de ruta» basada en la «renovación de la corona en cuanto a la transparencia y la ejemplaridad». Esa respuesta un tanto ambigua de Pedro Sánchez dio pie a un sinfín de especulaciones sobre la inminencia de algunas reformas en la Jefatura del Estado, incluida una eventual ley sobre la corona, que ocho meses después siguen sin concretarse.

En este tiempo, en el que las informaciones y las investigaciones judiciales sobre los negocios opacos de Juan Carlos I han arrojado unos perennes nubarrones negros sobre la Zarzuela, el Ejecutivo y la Casa del Rey han trabajado con discreción para tratar de introducir algunas medidas de transparencia y fiscalización. La voluntad de ambas partes es acometer reformas profundas para «adecuar la institución a los tiempos actuales».

Todo es silencio

En la Moncloa se limitan a confirmar que los contactos continúan, y que será el nuevo ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el que sustituya a Carmen Calvo en su interlocución con Jaime Alfonsín, pero dejan claro que es Felipe VI quien «marca los tiempos». Y ya se sabe que las cosas de Palacio van despacio. «Sin prisas, ni estridencias», aseguran.

Entre las posibilidades que se barajan estaría una reforma en la ley de Presupuestos para establecer un mayor control sobre las cuentas de la Casa del Rey, de manera que se arrojara luz sobre algunos gastos que a día de hoy no pueden ser controlados por las Cortes.

En la Zarzuela sostienen que desde que Felipe VI llegó a la Jefatura del Estado ha puesto en marcha ya varias medidas como auditar las cuentas por una consultora externa, regular los regalos o introducir un código de conducta para los funcionarios de la Casa Real. Medidas que se antojan insuficientes para reflotar una monarquía acosada por los escándalos del emérito.

Otra de las opciones que estaría sobre la mesa es la revisión de la inviolabilidad de la que goza el rey para circunscribirla únicamente al ejercicio de su cargo. Un asunto este más delicado porque exige un procedimiento agravado de reforma constitucional que abriría en el Congreso espacio a un debate sobre el futuro de la monarquía parlamentaria que el PSOE quiere evitar a toda costa.

Las prácticas nada ejemplares de Juan Carlos de Borbón han provocado por parte de Unidas Podemos y el resto de formaciones republicanas una campaña antimonárquica basada en invalidar la utilidad de la corona. Para estos partidos, la única renovación posible de la monarquía es su desaparición o, por lo menos, la modificación de la Constitución para dejar las funciones del rey vacías de contenido.

El debate entre los expertos sobre el corsé constitucional es intenso. Pero hay quien sí ve recorrido a limitar por ley la inviolabilidad del monarca. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, manifestó este viernes en una entrevista a Europa Press que su partido vería con buenos ojos la elaboración de una norma que sirva para dejar claro que esta afectaría únicamente a los actos que lleva a cabo como jefe del Estado. Esta idea es precisamente la que planteó ERC en una iniciativa que la Cámara baja tumbó el pasado febrero y que Unidas Podemos quiere recuperar para el próximo período de sesiones.

«Posicionamientos políticos»

La formación de Ione Belarra ultima su proyecto de ley de la Corona en la que quieren establecer un mayor control sobre las cuentas y los discursos del rey, para que no se repitan «posicionamientos políticos» como los que, en su opinión, dirigió Felipe VI en su alocución a los españoles tras el referendo ilegal del 1-O en Cataluña.

En todo caso, la normativa está abocada al fracaso ya que el proyecto no contará con el respaldo de sus socios de Gobierno. Los socialistas argumentan que para una propuesta así hace falta un consenso amplio, que incluye sumar al PP.