El escándalo no es que se produzca una reunión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat. Las hay con el País Vasco y con otras comunidades autónomas. El escándalo es que se pretenda privilegiar a unos pocos a cambio del bienestar de la mayoría. El PNV, fiel a la mejor tradición fenicia, sabe hacer caja en cada movimiento en el que el Ejecutivo de turno necesita sus votos en el Congreso. Los catalanes, tras el cambio de timonel —ya sabe, de los revolucionarios de salón Puigdemont y Torra al frío y calculador ejecutivo Aragonés, vicario de Junqueras— han decidido aparcar los adoquines y las cargas contra las fuerzas de seguridad para redimensionar el «procés» y buscar la forma de volver a llevarlo a cabo, como no paran de proclamar sus principales representantes públicos.
De momento, la socialista Isabel Rodríguez y Jordi Puigneró (de Junts) han decidido empezar por lo que debería ser menos complejo: la gestión del día a día. El problema es que el límite de unos y otros no hace más que aumentar los agravios con el resto de españoles. Los secesionistas catalanes pretender asumir de golpe 56 competencias, algunas muy lógicas y otras que pretenden acelerar el desmantelamiento del poco aparato del Estado que sigue en pie en Cataluña: la cesión del Puerto y el aeropuerto de Barcelona o la inmediata salida de numerosos puntos de la comunidad de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía para que sean los Mossos los únicos garantes de la ley.
Esas ventajas que vascos y catalanes suman cada semana por la necesidad que Pedro Sánchez tiene en cada visita al Congreso de sus votos —más si cabe con los Presupuestos de la recuperación a la vuelta de las vacaciones en Lanzarote— es lo que los nuevos diseñadores de la hoja de ruta del PSOE han decidido rebautizar como la España multinivel, un eufemismo que en realidad se traduce en un incremento de las desigualdades entre territorios que se verá agravada, ojalá no, por el reparto de unos fondos europeos que son el verdadero objeto de deseo del PNV y Junts. Sánchez ha decidido jugarse todo su caudal político a la recuperación económica y a enfriar a los separatistas catalanes. La partida acaba de empezar, pero en ese órdago está su futuro en la Moncloa.