Levanta la suspensión cautelar sobre la decisión del Parlamento Europeo que afecta tanto al expresidente catalán como a Comín y Ponsatí
30 jul 2021 . Actualizado a las 19:22 h.La misma instancia judicial que hace unos meses restableció cautelarmente su inmunidad, este viernes se la vuelve a quitar. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) retira la prebenda que había devuelto temporalmente el pasado 2 de junio al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, todos ellos eurodiputados de Junts y fugados de la Justicia española desde el 2017. Aquella decisión había puesto en standby los suplicatorios que el Parlamento Europeo acordó el 9 de marzo, pero este auto vuelve a dejarlo todo como estaba.
Los abogados de Puigdemont, Comín y Ponsatí argumentaron en su momento que la decisión de la Eurocámara les dejaba «expuestos al riesgo de ser detenidos». En concreto, aludían a su participación en el primer pleno en Estrasburgo (Francia), que se celebró el pasado 7 de junio. Un argumento que mantenían vivo y que el magistrado considera ahora que no se sostiene. «La inmunidad que ampara a los diputados durante sus desplazamientos al lugar de reunión del Parlamento o cuando regresen de este permanece jurídicamente intacta», se recoge en el auto.
El Tribunal Supremo mantiene suspendidas las euroórdenes contra Puigdemont, Comín y Ponsatí, desde que le planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que determine bajo qué criterios un país europeo (en este caso, Bélgica) puede rechazar la entrega de un ciudadano a otro Estado miembro de la UE.
El magistrado del Supremo Pablo Llarena planteó la cuestión a Luxemburgo después de que un tribunal de Bruselas denegara la entrega del exconsejero Lluís Puig, al considerar que en España se podían poner en riesgo sus derechos fundamentales.
El arresto, solo en España
Los tres prófugos de la Justicia podrían ser a partir de ahora detenidos y juzgados en España si entraran en el país, ya que la Eurocámara aceptó el suplicatorio al considerar que los hechos por los que el Supremo les reclama ocurrieron antes de adquirir su condición de eurodiputados.
Sin embargo, ningún otro país de la UE les puede detener y entregar a las autoridades españolas hasta que no se reactiven las órdenes de detención y entrega.
«Un poco de tila y, sobre todo, que se lean a fondo la decisión del TGUE. Las euroórdenes están suspendidas», ironizó en Twitter Puigdemont.
¿Cuál es ahora el futuro judicial del expresidente?
La retirada de la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán Carles Puigdemont allana el recorrido hacia su extradición, si bien cualquier procedimiento judicial queda todavía condicionado a la decisión de la Justicia europea sobre la euroorden y la posterior actuación que acuerde el juez Llarena.
El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha revocado la decisión provisional que adoptó el pasado 2 de junio de concederles temporalmente la inmunidad a Puigdemont y a los otros dos eurodiputados de JxCat, Toni Comín y Clara Ponsatí, hasta que resolviera sobre el recurso contra la decisión del Parlamento Europeo de aceptar el suplicatorio que solicitó el Tribunal Supremo.
Este trámite no supone que pierdan su condición de eurodiputados ni que sean extraditados automáticamente, sino únicamente que se puedan reactivar las euroórdenes en su contra que quedaron paralizadas cuando asumieron su escaño como eurodiputados.
Pero resulta que antes falta resolver un último escollo judicial, que no es otro que la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el juez del Supremo Pablo Llarena para decidir, precisamente, si mantiene o retira la orden europea de detención de los tres procesados por el procés huidos.
Dicho de otro modo, la retirada de la inmunidad para actuar contra Puigdemont y los exconsejeros no permite retomar la vía judicial en Bélgica (que decide sobre Puigdemont y Comín) y Escocia (que resuelve sobre Ponsatí) de manera automática, en tanto en cuanto el TJUE no se pronuncie sobre la ejecución de la euroorden.
Llarena acudió a la Justicia europea una vez que las autoridades judiciales belgas denegaron la entrega del exconsejero Lluis Puig, porque entienden que el órgano competente para instruir la causa no es el Supremo sino un tribunal catalán y porque su entrega pondría en peligro derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
Un escenario que, de no haber consultado previamente al tribunal europeo, podría haberse planteado con Puigdemont y los exconsejeros, ya que hasta la fecha los tribunales belgas y escoceses no han sido proclives a los intereses españoles en ninguna de su decisiones.
Llarena pidió al TJUE que se pronuncie sobre el alcance de las posibilidades de emisión de una euroorden, así como por las razones para su denegación y con la respuesta decidirá si mantiene, retira o emite nuevas euroórdenes respecto a Puigdemont, Comín, Ponsatí y la secretaria general de ERC Marta Rovira, procesados en rebeldía por los delitos de sedición, malversación o desobediencia.
De hecho, la sentencia de hoy se hace eco de esta cuestión y recuerda que hasta que no se resuelva la cuestión prejudicial, las euroórdenes dictadas contra los eurodiputados se han suspendido. «Mientras el Tribunal de Justicia no se pronuncie en el asunto prejudicial, nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas», destaca la resolución.
Pero eso llevará tiempo, dado que el TJUE acordó tramitar la cuestión prejudicial por el procedimiento ordinario y no acelerado como habían solicitado el juez del Tribunal Supremo.