El Tribunal de Cuentas se suma a los órganos con su mandato caducado y pendiente de renovar

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente y de la Calle
La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente y de la Calle

El fianzas millonarias impuestas por este órgano a los líderes del «procés» complican aún más el relevo

24 jul 2021 . Actualizado a las 09:54 h.

El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) se lleva todos los titulares por el retraso de dos años y medio en su renovación. Pero no es el único órgano cuyo mandato caduca sin que se atisbe posibilidad de acuerdo para relevar a sus miembros. El Tribunal de Cuentas, de plena actualidad por haber embargado bienes de los líderes independentistas, agotó este viernes el plazo establecido para el ejercicio del cargo de sus vocales, sumándose así, además de al CGPJ, al Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo.

En su caso, como en el del resto de órganos, eso ha llevado a que sus decisiones, e incluso su legitimidad, se pongan en duda por los partidos afectados por sus decisiones y por el propio Gobierno, que acusa al PP de mantenerlos voluntariamente bloqueados.

Requiere mayoría de tres quintos

La renovación del Tribunal de Cuentas, cuya composición procede de los tiempos en los que el PP dominaba ampliamente el Parlamento, requiere una mayoría reforzada de tres quintos del Congreso, lo que supone un total de 210 diputados. Una cifra que hace ineludible un pacto entre el Gobierno de coalición y el PP, que por ahora se antoja inviable. La decisión de la actual composición del tribunal de exigir el pago de cantidades millonarias a los líderes independentistas por el desvío de fondos públicos para sufragar el procés hace aún más complicado ese acuerdo.

Tanto el PP (89 diputados) como Vox (52) y Ciudadanos (10) respaldan plenamente esa medida y no contemplan una renovación mientras no se cumpla, en tanto que el Gobierno considera inaplazable el relevo. Sus 12 consejeros deben ser elegidos por el Congreso y el Senado y el mandato se establece por un período de nueve años. Como ocurre en el CGPJ, formalmente el presidente es elegido posteriormente por sus propios miembros. Pero en este caso la presidencia se renueva o se ratifica cada tres años entre los miembros del tribunal.

En el 2012, año en el que arrancó el mandato del equipo actual, el elegido como presidente fue Ramón Álvarez de Miranda, que renovó en el cargo y se mantuvo al frente durante seis años. Le sucedió en el 2018 María José de la Fuente y de la Calle, nombrada a propuesta del PP, que se mantiene como presidenta actualmente.

Siete del PP y cinco del PSOE

El pleno actual del Tribunal de Cuentas lo forman siete miembros propuestos por el PP y cinco por el PSOE. Cada uno de sus consejeros percibe un sueldo anual de 123.267 euros. La Sección de Fiscalización está presidida por Javier Medina Guijarro desde el 2018, también propuesto por el PP, y que lleva como consejero desde el año 1979. José Manuel Suárez preside la Sección de Enjuiciamiento, designado por el PP al igual que la exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar Margarita Mariscal de Gante y el propio hermano del expresidente, Manuel Aznar, que son consejeros. De los cinco consejeros del Tribunal de Cuentas propuestos por el PSOE, uno de ellos, Lluís Armet, renunció en el 2018 a su puesto, en el que llevaba desde el 2001, y no ha sido sustituido a día de hoy.

Defensor del Pueblo

Pero ni el CGPJ ni el Tribunal de Cuentas son los órganos que más tiempo llevan con su mandato caducado. Ese récord le corresponde al Defensor del Pueblo. El socialista Francisco Fernández Marugán, que fue designado como adjunto al Defensor del Pueblo en julio del 2012, pasó a presidir el organismo en el 2017, cuando Soledad Becerril renunció al cargo tras ejercerlo durante cinco años. Para la renovación del Defensor del Pueblo es necesario que la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre. Y también que el candidato concite el apoyo de tres quintas partes del Congreso.

Tribunal Constitucional

En el caso del Tribunal Constitucional, inmerso también en la polémica por la reciente sentencia que ha anulado el confinamiento de la población ordenado en el primer decreto de estado de alarma por considerar que para ello lo apropiado era haber declarado el estado de excepción, y cuyo fallo ha sido cuestionado por el Gobierno, está pendiente la renovación de cuatro de sus doce miembros, que corresponde elegir al Congreso. Su mandato era de nueve años y caducó en noviembre del 2019. En este caso, la renovación también exige una mayoría reforzada de tres quintos de la Cámara Baja. Otros cuatro miembros del Constitucional son elegidos por el Senado, dos por el Gobierno y otros dos por el CGPJ, en todos los casos por un período de nueve años.