El Tribunal de Cuentas aumenta el plazo para decidir si embarga a los encausados del «procés»
ESPAÑA
Amplía el plazo para que formalicen la fianza del Instituto Catalán de Finanzas
23 jul 2021 . Actualizado a las 10:31 h.Ultimátum del Tribunal de Cuentas a los dirigentes independentistas que están siendo investigados por el presunto desvío de fondos públicos para la internacionalización del proyecto secesionista entre el 2011 y el 2017.
Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y la treintena de ex altos cargos del Ejecutivo catalán tienen dos días hábiles, hasta el lunes a medianoche, para presentar toda la documentación de la fianza por valor de 5,4 millones que les ha impuesto el órgano fiscalizador de forma provisional. De lo contrario, «procederá a embargarles sus bienes».
En realidad, el plazo acababa el jueves, pero las partes se han dado más tiempo.
Cuatro de los 34 encausados presentaron bienes inmuebles como garantía, mientras que el resto se acogieron al aval presentado por el Ejecutivo autonómico a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). «Los avales ya se han formalizado ante notario y los abogados de los encausados se los hacen llegar al Tribunal de Cuentas», afirmaron desde la Consejería de Economía.
No obstante, el organismo fiscalizador aseguró que la documentación recibida por vía telemática y los escritos presentados solo constituyen «anuncios», y que no iban acompañados por los avales. Los abogados tienen previsto presentar este viernes la documentación que se les exige.
Las partes habían pedido una prórroga y la delegada instructora del Tribunal de Cuentas la ha concedido. En cuanto tenga todos los avales sobre la mesa, decidirá si acepta la fórmula de la Generalitat, que consiste en avalar la operación con dinero público a través del ICF. Si rechaza esta fórmula, como apuntó el diario El País, los encausados tendrán que avalar las fianzas con su patrimonio o serán embargados.
«Maniobra burda»
La Generalitat afirmó que no ve «ningún motivo» para que Tribunal de Cuentas deniegue el aval del ICF pues parte, a su juicio, de un decreto «sólido jurídicamente». Ciudadanos, en cambio, presentó un recurso a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para que no lo acepte, ya que considera que se trata de una «maniobra burda».
El tribunal aclaró que tanto las fianzas como los embargos son «medidas cautelares hasta que haya sentencia firme». Es decir, no implican que el afectado pierda los bienes de manera inmediata, como han llegado a decir los líderes independentistas, acusando al ente fiscalizador de dejar a sus hijos sin casa y en la calle. Es una medida cautelar cuyo objetivo es «garantizar» que ante una futura sentencia condenatoria los perjuicios que se han producido en los fondos públicos sean reintegrados. El caso no ha entrado aún en fase judicial tras las instrucción.
El Gobierno catalán decidió el miércoles a última hora, cuando ya expiraba el plazo dado por el Tribunal de Cuentas a los 34 investigados y a la vista de que ninguna entidad privada se mostraba dispuesta a avalarlos, respaldarlos a través de la citada entidad dependiente de la Consejería de Economía dedicada a facilitar créditos a las empresas y que podría estar extralimitándose en sus funciones. De momento, el aval no ha conseguido su objetivo (salir al rescate de los encausados) y además ha abierto una crisis entre la Presidencia de la Generalitat, en manos de ERC, y la Consejería de Economía, controlada por Junts. El consejero de Economía se desdijo en solo 24 horas.
La Consejería de Economía había creado un fondo con 10 millones para cubrir el aval que había de presentar una entidad bancaria privada. Pero ninguna accedió. La Generalitat optó por hacerlo con dinero público, cuando la Administración catalana aparece como la perjudicada por la presunta malversación de sus arcas.
El independentismo confiaba en una nueva campaña de captación solidaria de fondos, pero en esta ocasión la caja de solidaridad ha obtenido cerca de un millón de euros, muy lejos de los 5,4 millones necesarios.