El Gobierno catalán decidió el miércoles a última hora, cuando ya expiraba el plazo dado por el Tribunal de Cuentas a los 34 investigados y a la vista de que ninguna entidad privada se mostraba dispuesta a avalarlos, respaldarlos a través de la citada entidad dependiente de la Consejería de Economía dedicada a facilitar créditos a las empresas y que podría estar extralimitándose en sus funciones. De momento, el aval no ha conseguido su objetivo (salir al rescate de los encausados) y además ha abierto una crisis entre la Presidencia de la Generalitat, en manos de ERC, y la Consejería de Economía, controlada por Junts. El consejero de Economía se desdijo en solo 24 horas.
La Consejería de Economía había creado un fondo con 10 millones para cubrir el aval que había de presentar una entidad bancaria privada. Pero ninguna accedió. La Generalitat optó por hacerlo con dinero público, cuando la Administración catalana aparece como la perjudicada por la presunta malversación de sus arcas.
