Asociaciones en favor de la memoria histórica se concentran en las puertas del Congreso para reclamar una condena a la dictadura de Franco
18 jul 2021 . Actualizado a las 13:26 h.El PSC ha registrado en el Parlamento catalán una proposición de ley de Memoria Democrática pionera, que prevé multas de hasta 150.000 euros para quien promueva actos que conlleven «descrédito, menosprecio o humillación» para las víctimas del franquismo, o bien honores para quienes apoyaron la dictadura. Así lo refleja la proposición de ley impulsada por los socialistas, a la que ha tenido acceso Efe y que vuelve a poner sobre la mesa una de las cuestiones pendientes del anterior mandato.
Los socialistas catalanes ya presentaron una propuesta similar durante la pasada legislatura, pero la frenaron tras llegar a un acuerdo con ERC y JxCat para esperar a que el Gobierno catalán presentara su propia ley y, entonces, tramitar conjuntamente los dos textos. No obstante, el estallido de la pandemia de covid y el adelanto electoral en Cataluña impidieron que la ley se llegara a aprobar.
«Vamos tarde», lamentan fuentes socialistas consultadas por Efe, que en esta ocasión no descartan seguir adelante con su propuesta sin esperar a que la Consejería de Justicia registre la suya. La propuesta del grupo PSC-Units consiste en una ley integral que busca unificar y complementar la normativa que ya existe en materia de memoria histórica, que en estos momentos se divide en tres leyes: la del memorial democrático de 2007, la de fosas de 2009 y la de reparación jurídica de las víctimas del franquismo de 2017.
El texto de esta última se mantiene íntegro en la nueva norma que propugnan los socialistas, que «mejora» las anteriores, por ejemplo agilizando los trámites para la exhumación de fosas comunes y la identificación de las personas sepultadas en ellas. En Cataluña, según estimaciones facilitadas por el PSC, se calcula que quedan por abrir más de 500 fosas en las que podría haber unas 20.000 personas enterradas.
Otra las novedades, quizás la más significativa, que incorpora la propuesta del grupo PSC-Units es el establecimiento de un régimen sancionador para quien atente contra la memoria democrática. Las multas que se recogen son de tres tipos: las leves, que van de 200 a 2.000 euros; las graves, de 2.001 a 10.000 euros, y las muy graves, de 10.001 a 150.0000 euros.
Se considerará como infracción «muy grave» la celebración de actos donde se exalte la dictadura franquista, la realización de excavaciones en fosas u otros lugares de memoria sin previa autorización, la construcción en un terreno donde exista la certeza de que hay personas enterradas, la destrucción de fosas, la no conservación de bienes que formen parte del itinerario de memoria democrática de Cataluña y la no retirada de elementos franquistas.
Asimismo, se registrará como infracción «grave» el traslado no autorizado de restos humanos de fosas, la exhibición pública de elementos contrarios a la memoria democrática, la destrucción de elementos conmemorativos o de recuerdo a las víctimas y la difusión de mensajes vejatorios para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, entre otros. Por último, se recogerá como infracción «leve» la alteración con pintadas de elementos de recuerdo a las víctimas del franquismo cuando no tenga ánimo de injuriar a las víctimas y la destrucción de documentos de memoria democrática de Cataluña, entre otros.
Más allá de las sanciones económicas, la ley contempla que las personas o entidades que actúen en contra de la memoria histórica puedan perder el derecho a recibir subvenciones o ayudas públicas.
Este domingo, colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo se han concentrado frente al Congreso de los Diputados reclamando, en el aniversario del levantamiento militar del 18 de julio, una condena del Estado al golpe de Estado contra el Gobierno de la Segunda República y la aprobación ya de una Ley de Memoria «que ponga fin a la impunidad del franquismo». «Por una Ley de memoria que ponga fin a la impunidad del franquismo», era el lema de l apancarta desplegada.El portavoz de la Comisión Coordinadora de Colectivos de Memoria Histórica y de Victimas del Franquismo, Arturo Peinado, explicó a Efe que con «este acto de conmemoración y condena del golpe de Estado de 18 de julio de 1936» se reclama que el proyecto de ley del Gobierno «vaya más lejos».
Entre otras demandas, piden que se incluya «un reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo al nivel de otras reconocidas por el Estado español, como las del terrorismo». Para estos colectivos, la ley «se queda muy corta» y debe establecer «la anulación de las sentencias franquistas, incluyendo una declaración de ilegalidad de los tribunales represivos y de los consejos de guerra del franquismo, así como la judicialización de las fosas comunes del franquismo, que no sea con un sistema privatizado».