Maniobras de Junts y la ANC para que el Gobierno catalán cubra las fianzas de 34 independentistas

Máxima presión sobre el presidente de la Generalitat, que días atrás se comprometió a buscar mecanismos para «amparar» a los 34 ex altos cargos investigados por el Tribunal de Cuentas por los gastos en el exterior de la Generalitat entre el 2011 y el 2017 para promocionar el procés, y para los que el organismo fiscalizador pide una fianza de 5,4 millones antes del 21 de julio. Si no lo hacen, se les embargarán sus cuentas bancarias o sus viviendas.

El Gobierno catalán dijo ayer que ultima una propuesta para «acompañar y defender» a los encausados en un clima de división en el independentismo y de enfrentamiento entre los dos partidos que integran la coalición del Ejecutivo. Junts apretó a Pere Aragonès para que «avale», «sin fisuras», las fianzas de los 34 investigados, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, mientras que Esquerra se limitó a pedir a la ANC y a Òmnium que activen la caja de solidaridad, con la que ya han pagado multas millonarias en el pasado por causas del procés, tanto del 9N como del 1-O.

La consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, apeló al principio de indemnidad y se comprometió a «defender los intereses» de los encausados. «Informaremos de la forma jurídica concreta» en los próximos días, señaló. «Defenderemos su inocencia», dijo, pero no aclaró cómo lo hará ni si habrá también una ayuda económica para afrontar las fianzas.

El Gobierno catalán, según publicó La Vanguardia, contempla varios escenarios, todos inciertos. Una de las opciones que estaría sobre la mesa es que el Ejecutivo avale a los encausados a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Se trata de una propuesta que lanzó el exconsejero de Economía, Andreu Mas-Colell, uno de los investigados en la causa. Transformar el ICF en un banco público de la Generalitat es una aspiración de las fuerzas independentistas, pero nunca lo han llegado a aprobar. 

Aseguradoras y cautela de ERC

La otra posibilidad que estudian los servicios jurídicos es que el Gobierno autonómico avale las fianzas a través de las propias aseguradoras contratadas por la Generalitat. Aunque tras el 1-O, esas mismas compañías denegaron la cobertura.

El PSC y Ciudadanos advirtieron ayer al Ejecutivo de Pere Aragonès de que vaya con cuidado porque si acaba avalando las fianzas millonarias podría incurrir en un delito de malversación de fondos públicos y de prevaricación. Por esta razón, Esquerra Republicana se expresó con cautela y habló en términos de que el Gobierno trabaja en una propuesta para «acompañar» a los encausados. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, no anticipó qué tipo de medidas contemplan los servicios jurídicos, pero sí apuntó que se adoptarán en breve, ya que los investigados tienen un plazo muy corto para presentar los avales.

ERC, que ayer tuvo que negar las acusaciones de la CUP de que practica el peix al cove (pájaro en mano) como la antigua CiU, no habló en ningún momento de avalar a los encausados, concepto que sí empleó Junts. «Es un aval, no un pago», para «evitar el embargo y la ruina de estas personas», según Elsa Artadi.

La ANC fue más allá y exigió a la Generalitat «defender y cubrir hasta el último céntimo a las personas afectadas». «No hacerlo sería renunciar a la defensa de la legitimidad del Gobierno y de su acción y dejar desamparados a sus cargos, lo que crearía un precedente que dejaría tocada la credibilidad de la institución de cara al futuro», apretó la plataforma independentista. La ANC, como Junts, no se mostró partidaria de «traspasar la responsabilidad a la sociedad civil» pues «debilitará» a su juicio el movimiento secesionista. La solidaridad de la sociedad debe ser la «última trinchera» y debe servir sobre todo para el independentismo de base que «no tiene el paraguas de una institución, partido político u organización», avisó la ANC.

---

---

---