La Generalitat crea un fondo de ayuda a los secesionistas encausados por el Tribunal de Cuentas

El Gobierno catalán ha aprobado este martes un decreto ley que crea un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas de 5,4 millones que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y excargos de la Generalitat.

Lo han anunciado en rueda de prensa tras el Consell Executiu la portavoz del Govern, Patricia Plaja, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el conseller de Economía, Jaume Giró, que han explicado que este fondo «tiene como principal objetivo proteger a todos los servidores públicos en el legítimo ejercicio de su cargo».

A través de este fondo, que gestionará el Institut Català de Finances (ICF) hasta que no se constituya una comisión gestora, la Generalitat actuará como contra aval del aval que presentará una entidad financiera para cubrir las reclamaciones judiciales o administrativas a cargos del Govern, como es el caso de las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas.

A este fondo se podrán acoger todas las personas que sean o hayan sido personal de la administración de la Generalitat y de entes u organismos del sector público, los altos cargos y los miembros del Govern, y Giró ha detallado que las condiciones para acogerse a este fondo «son muy claras y concretas».

Ha especificado que no se podrán acoger cuando haya sentencia firme que declare que las actuaciones son ilícitas, tampoco cuando el riesgo ya esté cubierto por otras pólizas aseguradoras contratadas por la Generalitat, ni en el caso de que el Govern haya iniciado una acción o un procedimiento contra la actuación de la persona afectada.

Para poder beneficiarse de este fondo, las personas afectadas deberán hacer una solicitud al ICF con una declaración responsable y una carta de motivos, y la Generalitat verificará que se cumplen las condiciones, informa Europa Press.

Una vez aprobada la solicitud, el ICF garantizará un aval con un depósito que irá a cargo de una entidad financiera, que Giró no ha querido desvelar porque ya ha habido contactos pero todavía tienen que terminar de cerrar el acuerdo, por lo que ha subrayado que lo que hace la Generalitat «no es un aval directo», sino un contra aval.

«Proteger el derecho a la presunción de inocencia

Giró ha sostenido que lo que hace el Govern es «únicamente velar para proteger el derecho a la presunción de inocencia de cualquier funcionario público» y que el mecanismo que contempla el decreto es el mismo que se utiliza en un seguro privado.

«No es dar 10 millones a nadie. Es crear un sistema de aval y contra aval para cubrir una reclamación que se ha pedido sin ninguna resolución judicial previa y sin escuchar a los afectados, a los que se les piden varios millones de euros. Para atender a esta situación piden un aval y esta es una forma para cubrir este aval», ha asegurado.

El conseller ha aclarado que por ahora la Generalitat no movilizará dinero público y no lo hará hasta que no haya una sentencia judicial firme del Tribunal Supremo que obligue al pago de las fianzas. Sobre si la Generalitat podría incurrir en un posible delito de malversación, lo ha descartado y ha garantizado que el decreto tiene una «solidez jurídica impecable».

«Desde el punto de vista está construido de tal manera que, todo el mundo puede opinar lo que considere, pero garantiza que no se hace una malversación de dinero público», ha argumentado.

Preguntado de qué partida presupuestaria provienen los 10 millones con los que contará este fondo en un inicio, Giró no lo ha concretado porque todavía no se ha hecho efectivo pero ha dicho que los recursos saldrán del ICF, «que cogerá una parte de sus recursos que gestionará los avales y contra avales».

El Gobierno no juzga si el fondo es malversación

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado hoy que el Gobierno no entra a juzgar si el fondo de 10 millones creado por el Ejecutivo catalán para pagar multas por el procés es «malversación o menoscabo de fondos públicos».

Montero ha respondido así durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha sido preguntada por la advertencia del Tribunal de Cuentas de que el Govern podría incurrir en malversación si paga las multas de los 34 ex altos cargos de la Generalitat con fondos públicos. La Portavoz del Ejecutivo inicialmente ha dicho que no podía opinar sobre la norma aprobada por la Generalitat porque no conoce el acuerdo y simplemente lo han visto en titulares de prensa.

Casado anuncia que recurrirá el fondo del Govern

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que recurrirá el fondo de 10 millones de euros de la Generalitat. Los populares interpondrán recurso y además denunciarán a la Generalitat por prevaricación y malversación, con el objetivo de que los responsables de crear ese fondo sean «inhabilitados».

En un vídeo remitido a los medios, Casado ha denunciado «graves irregularidades» que a su juicio se están competiendo en esta ocasión con «la complicidad» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Si Sánchez no hace nada, si no anuncia que no va a reunir a la mesa de partidos porque se siguen incumpliendo las resoluciones del Tribunal de Cuentas y siguen avalando la delincuencia, nosotros sí que exigiremos que se cumpla lo que han dicho los tribunales», ha recalcado el presidente del PP.

El líder de la oposición ha reclamado que el jefe del Ejecutivo diga si va a permitir «una malversación de otra malversación que ya se hizo y que además es una prevaricación porque hay funcionarios y hay políticos que están tomando resoluciones que saben que son injustas».

Considera Casado que tras indultar penalmente a los nueve políticos que dieron «un golpe a la legalidad», ahora «pretenden que todos los españoles paguemos el despilfarro y la desviación de fondos públicos para delinquir». «Es absolutamente intolerable», ha censurado.

Vox, Cs y PPC amenazan con denunciar el fondo

Vox, Cs y PPC han coincidido en rechazar el citado fondo de la Generalitat y han advertido que estudiarán llevarlo ante los tribunales. «Los miembros de la mafia separatista, ahora en el gobierno, acuden al rescate de los condenados por malversación. De prosperar, incurrirán en el mismo delito y los sentaremos en el banquillo», ha afirmado el líder de Vox en la cámara catalana, Ignacio Garriga. «Cataluña no es del separatismo», ha apostillado el diputado de Vox.

También el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha advertido en rueda de prensa que «denunciarán políticamente» y «pondrán en conocimiento de la Justicia en su caso» ese «aval» que, de llevarse a cabo, sería un «robo» y una «doble imposición» para los contribuyentes catalanes. «Esas personas deberían asumir sus fianzas a título individual», ha defendido Martín Blanco, quien ha añadido que es «inadmisible» que los ciudadanos catalanes «tengan que pagar los excesos de los separatistas».

Por su parte, desde Twitter, el líder del PPC, Alejandro Fernández, ha mostrado su perplejidad por la propuesta del Govern y ha advertido de las consecuencias que puede acarrear. «Malversar está fatal, pero malversar la malversación solo estos figuras podían lograrlo...luego vendrán los lamentos», ha apuntado el líder de los populares en el Parlamento catalán.

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