El Supremo ordena la excarcelación de los condenados por el «procés» en aplicación de los indultos

La Voz REDACCIÓN

ESPAÑA

Acto conjunto de los nueve políticos presos del «procés», el único en el que participaron representantes de ERC y Junts, el 1 de febrero en Barcelona. A la izquierda, Forcadell (ERC) y Forn (JxCat); a la derecha, Bassa (ERC) y Turull (JxCat), y en el centro, Romeva (ERC), Sànchez (JxCat), Cuixart (Òmnium), Junqueras (ERC) y Rull (JxCat)
Acto conjunto de los nueve políticos presos del «procés», el único en el que participaron representantes de ERC y Junts, el 1 de febrero en Barcelona. A la izquierda, Forcadell (ERC) y Forn (JxCat); a la derecha, Bassa (ERC) y Turull (JxCat), y en el centro, Romeva (ERC), Sànchez (JxCat), Cuixart (Òmnium), Junqueras (ERC) y Rull (JxCat) Quique Garcia | EFE

Los decretos aprobados suponen la extinción total de las penas salvo las de inhabilitación, que se mantienen intactas

23 jun 2021 . Actualizado a las 11:02 h.

La sala del Tribunal Supremo que juzgó el procés independentista en Cataluña ha remitido este miércoles nueve mandamientos a las cárceles donde cumplen condena los líderes independentistas que han sido indultados, para que se proceda a su inmediata libertad tras la publicación de los decretos de indulto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los indultos aprobados este martes por el Consejo de Ministros para los nueve condenados por sedición y malversación fijan un período de seguridad de entre 3 y 6 años que condiciona el perdón a que los beneficiarios no vuelvan a cometer delitos graves. Se trataría de delitos penados con más de cinco años de prisión.

Los decretos aprobados suponen la extinción total las penas de prisión que les quedan por cumplir a los nueve condenados por sedición y malversación, si bien las penas de inhabilitación que les fueron impuestas por el Tribunal Supremo se mantienen intactas, dado que se ha indultado por penas, no por delitos.

La argumentación jurídica de los indultos es prácticamente la misma en los nueve expedientes y se basa en razones de utilidad pública. El Gobierno entiende que abren la puerta a una nueva etapa que permitirá abandonar la actual parálisis y avanzar hacia el diálogo con el objetivo de alcanzar una solución consensuada dentro del marco constitucional.