El Gobierno indulta a Junqueras por su «peso en la relación de España y Cataluña»

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

El presidente de ERC, Oriol Junqueras
El presidente de ERC, Oriol Junqueras

El Ejecutivo admite que los Jordis no han explicitado su apuesta por la vía legal a la independencia, pero los perdona porque considera que es de «utilidad pública»

23 jun 2021 . Actualizado a las 13:55 h.

Los nueve expedientes de indulto aprobados por el Gobierno argumentan de forma singularizada para cada condenado los motivos para concederles el perdón y las condiciones en las que se otorga. Destaca entre esos argumentos el utilizado para el indulto del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, dado que se destaca en su favor la carta publicada hace dos semanas en la que el líder de ERC renunciaba aparentemente a la vía unilateral para alcanzar la independencia de Cataluña. Sin referirse explícitamente a ello, Junqueras defendía la vía del referendo pactado y sostenía que otras fórmulas no eran «viables» ni «deseables». Se señala en el indulto su «búsqueda de soluciones dialogadas para mejorar la convivencia en Cataluña». Pero, al margen, el Gobierno cita como motivo para el perdón «el peso indiscutible» de Junqueras «en el devenir de las relaciones entre España y Cataluña».

Sin cargo público hasta el 2030

Concederle el perdón es por tanto, para el Gobierno, de «utilidad pública» con el objetivo de «restablecer la convivencia y la concordia entre catalanes». El expediente precisa que no se pretende corregir la sentencia, pero argumenta que mantener a los líderes independentistas en prisión «no contribuye a rebajar la tensión» y, al contrario, provocaría «la agravación del conflicto». Aún así, el líder de ERC no podrá ocupar un cargo público hasta el año 2030.

Sànchez, un «referente social»

En el caso de Jordi Sànchez, líder de la ANC cuando se produjeron los hechos juzgados y actual secretario general de JxCat, el Ejecutivo argumenta que su permanencia en la cárcel afecta a la convivencia, «condicionando negativamente las relaciones entre Cataluña y el resto de España y obstaculizando la superación del conflicto». Se destaca que es un «referente social» dentro del secesionismo y «uno de los principales actores políticos de la escena catalana», por reunir la condición de encarcelado por el procés y dirigente de la tercera fuerza política de Cataluña, que forma además parte del Gobierno de la Generalitat.

El expediente de Sànchez no cuestiona su participación en la sedición. Al contrario, es precisamente su protagonismo en la celebración del referendo del 1-O y en la declaración de independencia la que hace que, pese a no formar parte de aquel Gobierno, se le considere «una persona clave para la restauración de la convivencia». Se destaca su pasado como «activista y defensor de los derechos humanos» y se explica que en su caso, como en el del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, mantener en prisión a personas consideradas como líderes sociales «no contribuye positivamente a rebajar la tensión existente». Y, al contrario, su excarcelación puede verse como un «gesto de distensión que abre oportunidades al diálogo». La salida de la prisión de Sànchez se considera de «utilidad pública» en favor del «bien común de España», al margen de «la voluntad mostrada por los condenados».

En cuanto al riesgo de que reincida en el delito, se considera «mínimo», porque pese su «enorme influencia» no ha vuelto a «instigar o cometer ningún otro acto de semejante significado». Aún así, este expediente echa en falta «gestos o declaraciones que hagan evidente la voluntad de conducir sus reivindicaciones políticas por las vías legalmente establecidas».

Cuixart, pese a ser «contumaz»

Distinto es el argumento en favor de Jordi Cuixart, pieza clave del procés y en la sentencia del Supremo, sobre el que se dice que su permanencia en la cárcel «puede reforzar las lógicas del conflicto, generando una falsa percepción de injusticia en quienes ven a sus representantes encarcelados». Destaca su «indudable posición preeminente en la sociedad civil independentista» y que parte de la sociedad catalana comparte su activismo político. Y, aunque se recogen sus declaraciones despreciando los indultos y su «contumaz actitud» al afirmar que «lo volvería a hacer», se precisa que «ni el arrepentimiento ni la aceptación del indulto son requisitos para su concesión», porque por encima de ello está la «utilidad pública».

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Tres años y siete meses después del referendo ilegal del 1-O y de la declaración unilateral de independencia, los presos del procés condenados en el Tribunal Supremo por un delito de sedición están a punto de recobrar la libertad. El Gobierno les concedió este martes el indulto alegando razones de «utilidad pública». Los expedientes, individuales y con 30 folios cada uno, les perdonan la parte de la pena que les quedaba por cumplir, incluida la del delito de malversación de fondos por la que fueron sentenciados cuatro de ellos. Otros tres condenados ya habían cumplido su pena al haberlo sido solo por el delito de desobediencia, por lo que la petición de indulto se rechaza. El rey tiene previsto firmar esta tarde los indultos y el miércoles se publicarán en el BOE.

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