El expediente de Sànchez no cuestiona su participación en la sedición. Al contrario, es precisamente su protagonismo en la celebración del referendo del 1-O y en la declaración de independencia la que hace que, pese a no formar parte de aquel Gobierno, se le considere «una persona clave para la restauración de la convivencia». Se destaca su pasado como «activista y defensor de los derechos humanos» y se explica que en su caso, como en el del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, mantener en prisión a personas consideradas como líderes sociales «no contribuye positivamente a rebajar la tensión existente». Y, al contrario, su excarcelación puede verse como un «gesto de distensión que abre oportunidades al diálogo». La salida de la prisión de Sànchez se considera de «utilidad pública» en favor del «bien común de España», al margen de «la voluntad mostrada por los condenados».
En cuanto al riesgo de que reincida en el delito, se considera «mínimo», porque pese su «enorme influencia» no ha vuelto a «instigar o cometer ningún otro acto de semejante significado». Aún así, este expediente echa en falta «gestos o declaraciones que hagan evidente la voluntad de conducir sus reivindicaciones políticas por las vías legalmente establecidas».