La medida de gracia, condicionada a que los dirigentes secesionistas no vuelvan a delinquir gravemente, afecta a las penas de cárcel por sedición y malversación, pero no a la inhabilitación para ejercicio de cargo público
22 jun 2021 . Actualizado a las 18:24 h.Tres años y siete meses después del referendo ilegal del 1-O y de la declaración unilateral de independencia, los presos del procés condenados en el Tribunal Supremo por un delito de sedición están a punto de recobrar la libertad. El Gobierno les concedió este martes el indulto alegando razones de «utilidad pública». Los expedientes, individuales y con 30 folios cada uno, les perdonan la parte de la pena que les quedaba por cumplir, incluida la del delito de malversación de fondos por la que fueron sentenciados cuatro de ellos. Otros tres condenados ya habían cumplido su pena al haberlo sido solo por el delito de desobediencia, por lo que la petición de indulto se rechaza. El rey tiene previsto firmar esta tarde los indultos y el miércoles se publicarán en el BOE.
Sin efecto para Puigdemont
«Es lo mejor para Cataluña y para España y lo más conforme con el espíritu de concordia y convivencia de la Constitución», aseguró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia en la Moncloa. El perdón no incluye la pena de inhabilitación, por lo que ninguno de ellos podrá ocupar un cargo público hasta que cumplan el tiempo de condena que les restaba.
La decisión adoptada por el Ejecutivo no tiene ningún efecto sobre el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española en Bélgica, al igual que los exconsejeros de la Generalitat Toni Comín y Clara Ponsatí, esta en Escocia, y que serían por tanto detenidos y juzgados si regresaran a España.
El indulto concedido a los nueve presos es parcial, como era obligado tras el informe contrario a la medida de gracia por parte del Tribunal Supremo, por lo que únicamente acorta la duración de la pena. Y está además condicionado a que los condenados no vuelvan a cometer un «delito grave» en un período de tiempo establecido. En el caso del expresidente de la Generalitat y presidente de ERC, Oriol Junqueras, ese período se extenderá por seis años. Es decir, que si en ese tiempo volvieran a quebrantar la ley, el indulto sería revocado, aunque la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, garantizó, al margen de ello, que con este Ejecutivo esos hechos «no se volverán a repetir» .
A los ya conocidos motivos de «utilidad pública» y de «concordia», Sánchez añadió este martes una argumentación política. Indicó que esta decisión «no pone en cuestión» la sentencia del Tribunal Supremo, pero insistió en que lo que se pretende es «abrir un nuevo tiempo de diálogo» que, pese a sus dificultades, «merece mucho la pena intentarlo». «Por los españoles, por todos los catalanes, por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y nuestras nietas», precisó.
«La sociedad española demuestra hoy su grandeza»
Consciente de que una buena parte de la sociedad no aprueba el indulto sin que los condenados hayan mostrado arrepentimiento, Sánchez envió también un mensaje a los independentistas. «La sociedad española demuestra hoy su grandeza», sostuvo, y es «una buena ocasión para que demuestren la suya aquellos que la cuestionan». Recordó que no fueron condenados «por sus ideas», sino por «actos contrarios a la legalidad democrática».
Según el presidente, el Gobierno ha pensado «en los cientos de miles de catalanes» que se sienten solidarios con quienes están presos» y también en muchos otros, «tanto en Cataluña como en el conjunto de España, que no respaldaron sus actos, pero que sí creen que ya han cumplido suficiente castigo». Respecto al escenario que se abre ahora, la portavoz del Gobierno pidió a los independentistas que planteen en la mesa de negociación «propuestas viables dentro del marco constitucional» para encontrar un nuevo marco de «confortabilidad de Cataluña en España y de España con Cataluña».
Un paso para negociar un referendo
Dos horas después de la declaración de Sánchez, el presidente de la Generalitat, arropado por los miembros de su Ejecutivo, ofrecía otra en la que aseguraba que los indultos aprobados en el Consejo de Ministros abren el camino a un referendo acordado, el gran objetivo para esta legislatura de los partidos independentistas. «El paso de hoy ayuda a generar credibilidad en este camino», dijo Aragonès, quien ha hablado de una nueva etapa donde la negociación tiene que servir para solventar un problema enquistado.
Aragonès interpreta que los indultos son «una manera de reconocer que las sentencias son injustas» y no resuelven «la causa general contra el independentismo y con cientos de personas represaliadas. Por eso defendemos la amnistía», afirmó.