Galicia ultima la modificación para reconocer por ley a las víctimas de la violencia vicaria

Juan María Capeáns Garrido
Juan Capeáns SANTIAGO / LA VOZ

ESPAÑA

Representantes de todos los grupos del Ayuntamiento de Santiago en la concentración celebrada este viernes contra la violencia machista
Representantes de todos los grupos del Ayuntamiento de Santiago en la concentración celebrada este viernes contra la violencia machista Lavandeira Jr

El Parlamento dará amparo legal por unanimidad a las medidas administrativas que la Xunta aplica desde el 2015

14 jun 2021 . Actualizado a las 11:56 h.

Las madres e hijos que sufren la violencia vicaria en Galicia tienen un reconocimiento administrativo como víctimas de violencia de género desde que, en el 2015, la Xunta comenzó a equiparar estos casos con los de violencia machista. En cuestión de días, previsiblemente en una de las últimas sesiones parlamentarias antes del parón veraniego, se aprobará la reforma de la Lei 11/2007 gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género. Un paso legislativo más que llega de la mano de un inusual consenso político que ha permitido a Galicia ir por delante del Estado en esta materia.

El BNG fue la formación que presentó esta proposición de ley a principios de abril, solo unos días después de que Ana Pontón se entrevistase con el presidente de la Xunta en un encuentro en el que, desde la distancia política, trataron de buscar algún punto de encuentro. Y lo encontraron. El PSdeG y el PPdeG, llave de cualquier iniciativa con su mayoría, aplaudieron la propuesta nacionalista para que las víctimas que sufren la violencia, ya sean madres o hijos, puedan acceder a los mecanismos de protección y ayudas bajo el amparo de la ley, y no sobre la base de un pacto político, como ocurre a nivel estatal. Los populares tan solo apostillaron que el Gobierno gallego lleva seis años teniendo esta consideración con estas víctimas e incluyéndolas en los planes de ayudas.

Desde la Consellería de Igualdade recuerdan que Galicia «é pioneira neste recoñecemento, e agora disponse a ir tamén por diante no ámbito lexislativo grazas ao acordo de todos os grupos parlamentarios». El departamento dirigido por María Jesús Lorenzana confía en que este consenso sirva de ejemplo «e marque o camiño ao Estado».

El grupo parlamentario del BNG es optimista sobre los tiempos de tramitación. Esta misma semana se constituyó la ponencia, que tendrá un nueva reunión el 17 de junio para atar una modificación que tiene todos los visos de salir adelante con total respaldo. «Hai sintonía e entendemento, e aceptaremos as propostas para reforzar o texto», confirma la formación frentista.

Ayudas periódicas

Las ayudas para las víctimas de violencia de género son de las primeras en salir en el Diario Oficial de Galicia a principios de enero. Este año, la Xunta dedica cinco millones de euros para hacer frente a los pagos periódicos durante el 2021 y el 2022. Se trata de un pago mensual constante e individual por un tiempo máximo de un año. La cuantía va desde los 200 a los 800 euros mensuales, en función de los ingresos de la mujer y de los hijos que tenga a su cargo, así como otras circunstancias relacionadas con condiciones de discapacidad. El plazo está abierto todo el año para mujeres víctimas que rompieran la convivencia con el agresor en el último año, y específicamente se amplía a las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual «e ás vítimas de violencia vicaria». También existen unas ayudas de pago único —con un presupuesto de 1,2 millones— para que las mujeres perciban las indemnizaciones que les corresponden por los daños que se decreten por sentencia judicial.

¿Qué es la violencia vicaria?

La violencia vicaria consiste en dañar a la madre a través de sus hijos, «e o maltratador persegue producir o maior sufrimento posible». Es una de las apreciaciones de los profesionales que trabajan en Galicia en los Centros de Información á Muller, que se pronunciaron al respecto hace justo un mes, cuando se conoció el caso de Tenerife. El rango de conductas, indican, es amplio, y va desde manipular a los descendientes contra la madre a través de presiones económicas, psicológicas, de control o de violencia física «ata o máis cruento, o asasinato». Son circunstancias muy habituales que pocas veces acaban en denuncia, lamentan los técnicos.

El Consejo General del Poder Judicial indica en sus informes que solo un 3 % de los casos de violencia de género acaban con la suspensión del régimen de visitas a los padres que ejercieron el maltrato, y solo en un 5,2 % de estas situaciones los jueces dictan la retirada de la guarda y custodia a los agresores como medida cautelar de protección de los menores. El sistema Viogen, que utilizan las fuerzas de seguridad para valorar la gestión del riesgo en estos casos, ha incluido desde hace solo dos años preguntas específicas sobre la situación de los menores que viven una situación de violencia dentro de la familia, advierten los profesionales gallegos que están más en contacto con las víctimas.

La Fundación Amigos de Galicia, que está personada como acusación popular en siete procesos judiciales en los que presuntamente se han vulnerado los derechos de los menores, advierte que solo veinte de cada cien casos de violencia contra los hijos acaban en denuncia.