El juez rechaza las querellas contra Gali y no le impone medidas cautelares, por lo que ya puede regresar a Argelia

Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Un grupo de marroquíes, en una manifestación este martes en Madrid contra el líder del Polisario, Brahim Gali
Un grupo de marroquíes, en una manifestación este martes en Madrid contra el líder del Polisario, Brahim Gali Sergio Pérez | Reuters

Su defensa acusa a Rabat de tratarle como un «trofeo político»

02 jun 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Brahim Gali, líder del Frente Polisario, no tiene ningún impedimento judicial para regresar a Argelia cuando lo estime conveniente y la recuperación del coronavirus le permita volar. El juez Santiago Pedraz interrogó este martes al presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, autoproclamada en 1976, por las dos querellas reabiertas contra él tras aterrizar en España el pasado 18 de abril para ser ingresado en un hospital en Logroño.

Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco, interrogó durante dos horas por videoconferencia a Gali, de 71 años, sobre los hechos contenidos en las querellas de un colectivo saharaui y del activista Fadel Breica. Unos escritos que denuncian torturas y detenciones ilegales, entre otros, por parte del oficial y otros altos cargos del Polisario acaecidos presuntamente en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia.

Tras escuchar a Gali desde su habitación, con evidentes síntomas de debilidad, el juez rechazó decretar prisión contra él o retirarle el pasaporte para evitar su «fuga», como reclamaban los querellantes. Solo acordó que notificase un domicilio y un teléfono en España a fin de estar localizado para cualquier diligencia mientras resuelve la petición de archivo por parte de su defensa. La Fiscalía de la Audiencia Nacional secundó la posición del magistrado.

En dos autos, Pedraz explica que «no puede apreciarse riesgo de fuga alguno» porque Gali ha mostrado voluntad para ponerse en manos del juzgado. Primero cuando tuvo conocimiento de los procedimientos penales y luego tras acceder a testificar pese a su precario estado de salud.

El juez recuerda que no puede ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, máxime a la vista de la fecha de los hechos investigados (años ochenta del siglo pasado), y que por ahora no se han solicitado diligencias de prueba alguna y «menos aún» que el querellado pueda actuar contra bienes jurídicos de las víctimas. Por último, indica que «el informe de la acusación no ha suministrado elementos siquiera indiciarios que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno».

Un ejemplo de la falta de indicios es que las declaraciones de los testigos «no tienen prueba corroborativa» que impliquen al líder del Polisario, remacha el juez. 

Próximos pasos judiciales

Ahora Pedraz tendrá que valorar el sobreseimiento de las causas. Gali prevé seguir en España y zanjar un asunto judicial que ha sido usado por Marruecos para justificar la ofensiva migratoria en Ceuta. Un episodio del que subyace la lucha por la territorialidad del Sáhara Occidental, con España como potencia administradora desde 1965, según la ONU, y Rabat envalentonada desde que el anterior Gobierno estadounidense apoyó su soberanía sobre la zona.

Sobre los hechos investigados, Gali negó cualquier implicación en las violaciones de derechos humanos que le atribuyen cuando era ministro de Defensa y achacó a «fines políticos» las querellas «para tratar una vez más de minar la credibilidad del pueblo saharaui». «Lo han utilizado como un trofeo o como una presa política», denunció su abogado Manuel Ollé. Desde el Polisario incluso aseguran que detrás de esta ofensiva judicial está el servicio de inteligencia marroquí.