Acusa al Supremo de seguir la «línea represiva» contra el independentismo
27 may 2021 . Actualizado a las 05:00 h.El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cargó ayer con dureza contra el informe del Tribunal Supremo que se opone a los indultos para los presos del desafío independentista del 2017. Cree que el dictamen sigue la «línea represiva» de la «causa general contra el independentismo».
Aragonés aprovechó su primera comparecencia como presidente del Gobierno catalán desde la galería gótica del Palau de la Generalitat, la de las ocasiones solemnes, para presionar al presidente del Ejecutivo central, con el que prevé contactar en los próximos días. El dirigente republicano pedirá en la reunión una «solución lo más justa» posible e inmediata en relación a los indultos. «No nos opondremos a ninguna medida que aligere el dolor» de los presos, afirmó tras comprobar la predisposición del presidente Pedro Sánchez a su concesión. Algunas fuentes de la Generalitat, del sector de Junts, no se acaban de fiar de las intenciones del Gobierno y creen que lo que está haciendo Sánchez son «cantos de sirena» con los indultos que hay que tomar con escepticismo y cautela.
Aragonès apretará a Sánchez para que mueva ficha con las medidas de gracia, pero mientras tanto, y sobre todo de cara a la parroquia independentista, mantiene que su propuesta para solucionar la cuestión de la «represión» del Estado, según la califican los soberanistas, es una ley de amnistía.
El Supremo, en su informe, recoge las palabras de Jordi Cuixart durante el juicio, cuando aseguró que volverían a hacer lo que protagonizaron en octubre del 2017. El presidente de Òmnium, blanco de las críticas feroces de los independentistas más irredentos que no le perdonan el abrazo que se dio con Miquel Iceta en la toma de posesión de Aragonès, reiteró ayer sus amenazas. «Ninguna distracción: ayer, hoy y siempre que sea necesario. Lo volveremos de hacer», afirmó. «Nunca renunciaremos al ejercicio de derechos fundamentales, a la movilización no violenta y la desobediencia civil», escribió en un tuit. Para Òmnium Cultural, el informe del Supremo «evidencia que es un tribunal político que no juzga, solo aplica venganza».
Libertad y referendo
La divulgación del informe del Supremo coincidió con la toma de posesión de los 14 consejeros del Gobierno de Aragonès. Prometieron sus cargos «con lealtad al presidente» de la Generalitat y obviando, como ya hizo él mismo, la Constitución, el rey y el Estatuto. Después mantuvieron su primera reunión. Aragonès llamó a abordar ya, «sin dilación», la resolución del conflicto catalán a través de la «autodeterminación y la amnistía». Puso el acento en el doble objetivo de su mandato: la reconstrucción económica y social de Cataluña, tras el año y medio de pandemia, y la cuestión soberanista, sobre la que no hay consenso en el Ejecutivo. El fin de la legislatura, según Aragonès, es lograr la libertad de los presos y forzar al Gobierno a permitir un referendo de autodeterminación. El primer propósito podría estar cerca, lo que le daría oxígeno. En cambio, el segundo no tiene cabida en el ordenamiento jurídico y el Ejecutivo central dice que no irá más allá de lo que permite la Constitución.