Procesan a Ignacio González por beneficiar a familiares en un contrato relativo a un campo de golf
ESPAÑA
El juez del'caso Lezo concluye la investigación por presunto cohecho contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, su hermano y su cuñado
26 may 2021 . Actualizado a las 19:01 h.Un proyecto de campo de entrenamiento de golf construido en el centro de Madrid pese a la presión vecinal. El uso de terrenos públicos del Canal de Isabel II, empresa de aguas, y la subcontratación de sociedades privadas para su gestión. Y, como colofón, la presunta intervención para adjudicar estos servicios a una empresa del hermano del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, lo que les permitió embolsarse más de medio millón de euros entre 2006 y 2012.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso Lezo, ha propuesto juzgar a Ignacio González por esta pieza separada de la causa. El auto fue dictado el pasado lunes tras recibir la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ya ha solicitado hasta 12 años de cárcel para el también expresidente autonómico (2012-2015) tras la dimisión de Esperanza Aguirre, en otras dos líneas de investigación. La resolución judicial que pone fin a la fase de investigación detalla la operativa ideada por la red de corrupción para desviar fondos públicos a su bolsillo.
Según el juez, se urdió un sistema de subcontrataciones para que las adjudicaciones recayeran en una mercantil vinculada a González. El ahora procesado entonces presidía el Canal de Isabel II, además de ostentar el cargo de vicepresidente de la Comunidad desde 2003.Junto a él operaba su mano derecha, Ildefonso de Miguel, exgerente de la empresa pública de aguas, también procesado. Así como los tres socios de la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT): José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero. Estos dos últimos son, respectivamente, el hermano y cuñado del exdirigente popular, que «ostentaban la titularidad (de dicha compañía) a través de personas interpuestas, con el fin de ocultar sus vínculos familiares con este».
Beneficios ilícitos
El primer contrato bajo sospecha comprende la concesión a la constructora Dragados de la obra para la «consolidación, impermeabilización y ajardinamiento», adjudicada en 2003. Solo un año después de sellar este acuerdo, la trama modificó el proyecto y, en lugar de «convocar» otra licitación, «convino» con Dragados que esta se encargaría también de acometer los cambios, pero subcontrataría determinados trabajos con la empresa de los familiares de González.
Estos superaron los tres millones de euros, «a pesar de conocer que TCT carecía de toda capacidad para ejecutarlos».De hecho, como la compañía vinculada al exdirigente del PP era incapaz de llevar a cabo el encargo, subcontrató entonces las obras a otras dos sociedades, Onlygolf y Fieldturf España, a las que cobraron presuntamente una comisión del 8% por su intermediación. «Consiguiendo así un beneficio aproximado para TCT de 381.000 euros, financiado con los fondos públicos», concluye el juez en su auto, donde describe cómo los tres socios procesados se repartieron 267.000 euros entre noviembre de 2006 y marzo de 2008 mediante 49 entregas en efectivo.
El segundo contrato bajo sospecha se centra en la gestión y explotación de las instalaciones deportivas, que el Canal de Isabel II adjudicó en 2006 a una unión temporal de empresas (UTE) que incluía a TCT y a una sociedad de Dragados. Tras la concesión, estas crearon la empresa Green Canal Golf, que subcontrató a TCT para el mantenimiento del césped durante cinco años por un precio mensual de 9.875 euros. Pero esta, de nuevo, lo subcontrató con Onlygolf por 7.941 euros al mes. Logrando así, «por su mera intermediación, un beneficio aproximado de 124.000 euros».
Una vez procesados por un delito de cohecho y antes de dictar el auto de apertura de juicio oral, el magistrado ha dado ahora un plazo a las partes para que presenten escrito de acusación o de archivo.
En el marco del caso Lezo, la Fiscalía ya pidió cuatro años de cárcel para González por la presunta adjudicación irregular en 2007 del tren de Navalcarnero a OHL; y otros ocho años por la compra de la sociedad brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II, que sirvió presuntamente para repartirse comisiones ilegales millonarias.