El CGPJ opta dividido por no llevar al Constitucional el conflicto por la ley que limita sus funciones

R. C. COLPISA | MADRID

ESPAÑA

Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial, en una imagen de archivo
Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial, en una imagen de archivo CGPJ

El órgano de Gobierno de los jueces consensúa, en cambio, una respuesta a la Unión Europea sobre las implicaciones de la norma

28 abr 2021 . Actualizado a las 21:53 h.

El Consejo General del Poder Judicial no llevará finalmente al Tribunal Constitucional la ley impulsada por el PSOE y Podemos para limitar sus capacidades cuando se encuentre en funciones. El órgano se reunió hoy en un pleno extraordinario para debatir sobre la propuesta de ocho vocales, partidarios de plantear un conflicto de atribuciones ante el máximo intérprete de la Carta Magna, y acabó por desestimarla, con trece votos en contra.

Lo que sí hubo fue acuerdo para trasladar una posición común sobre la norma ante la Comisión Europea, que estos días trabaja en su informe anual sobre la calidad del Estado de derecho y tiene previsto realizar una ronda de entrevistas que incluyen a la institución.

La decisión del CGPJ es mucho menos proactiva de lo que esperaban la mayoría de asociaciones de jueces, en pie de guerra contra la nueva ley, que entró en vigor el pasado 30 de marzo, y contra lo que, en general, consideran una actitud encaminada a seguir «horadando paulatinamente la independencia judicial».

Casi la mitad de la carrera judicial, unos 2.500 jueces pertenecientes a la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente ya llevaron su denuncia a Bruselas. La semana pasada, la vicepresidenta de Valores y Transparencias de la UE, Vera Jourova, reclamó que se retirara la otra proposición de ley registrada por los dos socios del Ejecutivo para rebajar las mayorías requeridas en las Cortes y poder renovar el CGPJ sin el PP, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció que se acataría la petición.

Jourova también apuntó, sin embargo, que no veía «en principio» problemas de encaje en el Estado de derecho de la ley que prohíbe al Poder Judicial hacer algunos nombramientos. En el Consejo hay preocupación por el impacto que la norma puede tener especialmente en el Tribunal Supremo, donde ya hay siete vacantes.

Pero la propuesta de los citados ocho vocales, todos nombrados a propuesta del PP, despertaba recelos en otros vocales, partidarios de dejar que sean los partidos políticos (PP y Vox ya se han movido para hacerlo) quienes la recurran.