El alto tribunal deja la condena por sustracción de menores en dos años y medio, lo que no permitiría a la granadina eludir la cárcel pero sí poder abandonarla pronto en tercer grado
02 jul 2021 . Actualizado a las 11:55 h.El Tribunal Supremo ha confirmado este lunes la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores, pero ha reducido la pena de 5 años a 2 años y 6 meses de prisión. Considera que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos.
El pleno de la Sala de lo Penal basa su fallo en que, cuando en un mismo acto son varios los menores trasladados o retenidos, no se produce un concurso de delitos sino que se comete un solo delito del artículo 225 bis del Código Penal, al lesionarse el derecho de custodia del progenitor con quien el menor convive (con independencia del número de menores sustraídos) y la paz en las relaciones familiares.
Con esta rebaja de la pena, reclamada por la Fiscalía, que cambió su criterio en el 2019 con la llegada de Dolores Delgado al Ministerio de Justicia, Juana Rivas no puede eludir la cárcel -por ser una pena superior a dos años-, pero sí que quedaría en situación muy favorable para lograr en muy poco tiempo su semilibertad, con la clasificación en tercer grado penitenciario.
Será el juzgado de lo Penal número 1 de Granada, el que la condenó en primera instancia, quien en los próximos días decidirá sobre su encarcelamiento, tras oír al fiscal, a la defensa y a la acusación.
Condenada en el 2018
Juana Rivas fue condenada el 27 de julio del 2018, en primera instancia, a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores, al pago de una indemnización a su marido por daños morales, y a la inhabilitación por plazo de seis años para ejercer la patria potestad sobre sus hijos.
La sentencia del tribunal de lo Penal de Granada, que nueve meses después fue confirmada por la audiencia provincial, la condenó por negarse a cumplir en el verano del 2017 la orden judicial que la obligaba a entregar a los niños -cuando aquello de 11 y 3 años- a Arcuri. «Cometió dos delitos de sustracción de menores pues son dos hijos menores de edad a los que privó de la relación paterno-filial incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a la entrega al padre que detentaba por disposición judicial la custodia de los mismos», especifica la resolución.
Rivas, que se había llevado a los dos niños de Carloforte, la población de la isla italiana de San Pietro en la que la familia regenta una pensión- en mayo del 2016, para trasladarlos a ver a su familia en Granada, acusó después a Arcuri de malos tratos reiterados, se negó a devolverle a los pequeños, e incluso desapareció durante un mes -del 26 del julio al 28 de agosto del 2017- cuando la Justicia española, rechazando sus argumentos, emitió un ultimátum para que realizase la entrega al padre de inmediato.
Fenómeno popular
El caso Juana Riva' se convirtió en un auténtico fenómeno popular y mediático ese verano, en el que al tiempo que toda la policía y guardia civil española trataba de dar con el paradero de la madre y los niños, especialmente en Andalucía, una campaña de solidaridad e inculpaciones, bajo el lema «Juana está en mi casa», lograba decenas de miles de adhesiones, incluida la de la entonces presidenta socialista andaluza, Susana Díaz, y la indirecta del presidente popular del Gobierno, Mariano Rajoy, que con Rivas y sus hijos aún en rebeldía judicial, declaró: «Hay que entender a una madre».
Rivas, que había logrado en el 2009 que condenasen a su marido a 9 meses de cárcel por golpearla, fue desautorizada una vez tras otra en sus posteriores y reiteradas acusaciones de malos tratos y violencia de género contra Arcuri tanto por los tribunales españoles como italianos. De hecho, la Justicia del país vecino otorgó en marzo del 2019 la custodia exclusiva de los dos menores a su padre tras concluir que su madre era un «peligro patológico» para los niños. No obstante, los jueces mantuvieron un régimen de visitas controladas en favor de Juana.