Este viernes se produjeron dos acontecimientos muy distintos, sin ninguna relación entre ellos y sus protagonistas, pero de los que enturbian gravemente las relaciones políticas. Por orden de aparición han sido: el preámbulo de una ley orgánica que contiene una ácida crítica a un Gobierno de España, el de Mariano Rajoy, y la negativa de Vox a condenar las amenazas en forma de envío de balas al anterior vicepresidente segundo del Gobierno, al actual ministro del Interior y a la directora general de la Guardia Civil. Ya digo: son hechos muy diferentes, pero de difícil aceptación en un sistema democrático.
Lo que se hizo con el prólogo de la Ley Orgánica que deroga parcialmente un artículo del Código Penal parece el párrafo de un mitin dicho en el fragor de la campaña electoral. Pero no. Se utiliza el Boletín Oficial del Estado para decir que desde la llegada del Partido Popular al Gobierno de la nación se inició «un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades». Es posible que esa acusación sea cierta, pero no es para hacerla figurar en el texto de una ley, aunque sea en su preámbulo. Y mucho menos, cuando esa ley va firmada por el jefe del Estado. El rey no firma solamente el texto articulado, sino todo el contenido y, guste o no, es hacerlo responsable de la crítica que rubrica. Y, encima, Felipe VI no tiene posibilidad alguna de negarse a suscribir una parte, por enloquecida que sea, ni de pedir una corrección del texto, porque lo podrían acusar de salirse del marco de funciones que la atribuye la Constitución. El redactor final del texto de la ley, cualquiera que sea su rango en el gobierno, es un frívolo o un irresponsable. Si se me permite la ligereza, ¿desde cuándo ese periódico llamado Boletín Oficial del Estado tiene una sección editorial o de opinión?
Lo que ocurrió con la candidata de Vox, doña Rocío Monasterio, en el debate electoral organizado por la Cadena Ser es también infumable. Desde lo que alcanza la memoria de este cronista, solo los partidos herederos de ETA se han negado a condenar atentados y amenazas. Aún hoy siguen sin hacerlo o escudándose en que repudian todas las formas de violencia. Pero Vox no es un partido filoterrorista. Hasta donde sabemos, no tiene ni ha tenido nunca estructuras violentas en su organización. Pero la amenaza cierta que se contiene en un sobre con una bala no es una cuestión de crédito del gobierno, como la señora Monasterio alegó. Es un hecho gravísimo ante el que ningún demócrata puede ser indiferente. Respetamos la ideología Vox, aunque en muchos aspectos merezca repudio. Pero negar la condena a ese suceso es situarse en el límite mismo que la Ley de Partidos contempla como causa de ilegalización. Y al Partido Popular le complica la vida: desde este viernes le resulta más difícil gobernar con los votos de Vox. Como apoyo externo o en coalición.