El Supremo deriva al Tribunal Superior de Cataluña el caso de corrupción de Laura Borràs

Cristian Reino BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

La presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, en una imagen de archivo
La presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, en una imagen de archivo Quique García | EFE

Los independentistas recurren el veto a su ley de amnistía

13 abr 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El Tribunal Supremo ya no juzgará a Laura Borràs. Lo hará, si la causa llega hasta el final, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El Tribunal Supremo envió ayer su caso al TSJC, después de que la ahora presidenta de la Cámara catalana dejara de ser diputada en el Congreso y aforada en el Parlamento español. Desde el 14 de febrero es diputada y aforada autonómica.

El Supremo abrió una causa penal contra Borràs en diciembre del 2019. El Congreso votó a favor de que se investigase a la dirigente independentista, que compareció el 22 de julio en el alto tribunal español, pero se negó a declarar. El Supremo ha remitido la causa al TSJC para que continúe la investigación.

La dirigente de Junts siempre ha negado las imputaciones y las atribuye a una persecución política. Borràs está investigada por haber adjudicado presuntamente a dedo una serie de contratos a un amigo por valor de casi 260.000 euros durante su etapa como directora de la Institución de las Letras Catalanas. Fue el cargo que ocupó antes de que Quim Torra la reclutara como consejera de Cultura, desde donde se convirtió en cabeza de lista por JxCat en las generales. Borràs está imputada por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental, por los que se enfrenta a una pena de quince años de cárcel.

Su situación judicial estuvo en boca de todos antes de su elección como presidenta del Parlamento. La oposición recordó un artículo del reglamento de la Cámara catalana que establece que si un diputado es procesado por una causa relacionada con la corrupción deberá ser acordada la «suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata». Borràs maniobró al inicio de la legislatura para modificar ese punto del reglamento que podría afectarle si el TSJC llegara a decretar la apertura de juicio oral.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Republicano, el Plural a instancia de JxCat y PDECat y la CUP, han presentado un escrito a la Mesa del Congreso para que reconsidere el acuerdo adoptado el 23 de marzo, por el que no se admitió una iniciativa para elaborar una ley de amnistía. Los independentistas habían registrado una proposición de ley de amnistía y resolución del conflicto entre Cataluña y el Estado. Al estar «en profundo desacuerdo» con la Mesa, los firmantes alegan que la amnistía es distinta al indulto.