Bruselas contestará a los jueces y mantiene su posición respecto a la reforma del Poder Judicial

Estudia ya la carta de denuncia de 2.500 magistrados y recuerda a España que debe evitar la despolitización de este órgano

Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial, en una imagen de archivo
Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial, en una imagen de archivo

Colpisa | Bruselas

La Comisión Europea realizará una serie de visitas «virtuales» por las restricciones del contexto pandémico a todos los países de la Unión Europea para preparar su informe anual sobre el respeto al Estado de Derecho. Y a España le tocará a finales de este mes.

Así lo avanzaba este martes el portavoz del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand, después de confirmar que Bruselas ya está estudiando la carta firmada por 2.500 magistrados de tres asociaciones judiciales que temen que la «independencia e imparcialidad» se vea comprometida por la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que abanderan PSOE y Unidas Podemos.

El portavoz comunitario ha desvinculado esa evaluación de la misiva, insistiendo en que «estaba prevista y no ha sido reprogramada» por la denuncia de los jueces españoles. Aunque «escucharemos a todas las partes interesadas y también directamente a los magistrados y sus representantes».

Respecto al contenido de la carta, impulsada por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Profesional de la Magistratura y el Foro Independiente Judicial, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen no se ha pronunciado. «La estamos estudiando atentamente y daremos una respuesta lo antes posible», explicaba el portavoz de Justicia.

Wigand ya se ha referido en otras ocasiones a la controvertida reforma del CGPJ. Ha recordado al Gobierno de Pedro Sánchez que «cuando los estados miembros reformen el poder judicial, deberá hacerse siempre en consulta con todas las partes interesadas, incluida la Comisión de Venecia».

En su respuesta de este martes recordaba, de hecho, que «la posición (de la Comisión Europea) ha sido muy clara» sobre dos ideas básicas expresadas con anterioridad: que se ponga fin al actual período de interinidad en el CGPJ y evitar que la institución «pudiera ser percibida como vulnerable» a los intereses políticos.

Los contactos técnicos para la redacción del informe anual del Estado de Derecho en la UE tienen, de momento, un carácter técnico y tienen como finalidad detectar posibles anomalías en las reformas legislativas de los Estados miembros tras sondear a «todas las partes interesadas», incluido el propio Gobierno.

Las asociaciones judiciales citadas refieren en su escrito de denuncia dirigido a la vicepresidenta de la Comisión para Valores y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, que las reformas pretendidas supondrían el «apagón y desapoderamiento» del Consejo General del Poder Judicial y su «colonización» por los partidos políticos, lo que afectaría a «su independencia e imparcialidad».

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